La situación salarial del sistema universitario argentino no ha dejado de agravarse y ya se advierte tanto en las universidades públicas como en las privadas.
En los últimos 12 meses (noviembre de 2023 a octubre de 2024), la inflación se ha ubicado apenas por debajo del 170%. Sin embargo, en ese período los aumentos salariales que recibieron los docentes universitarios rondaron el 102%.
En abril, en el contexto de la primera protesta pública contra el desfinanciamiento de la educación superior, la Universidad Nacional de Córdoba declaró una “crisis salarial”. La pérdida del poder adquisitivo se estimó en un 45%. Hoy se aproxima al 70%.
Un informe elaborado por La Voz señaló que el 95% de los profesores universitarios cobran sueldos que los colocan por debajo de la línea de la pobreza, y al 68%, directamente en la zona de la indigencia.
Estamos hablando, vale consignarlo, de especialistas con probadas competencias, que son periódicamente evaluados en su idoneidad para el cargo; en su mayoría con títulos de posgrado, responsables de formar en sus respectivas disciplinas a los futuros profesionales.
Si a un docente universitario, con esa trayectoria, el sueldo que percibe no le alcanza para vivir, ¿qué puede esperar quien trabaja en los otros niveles educativos?
El deterioro salarial no es nuevo, pero se ha profundizado con la gestión de Javier Milei, quien además mencionó en numerosas ocasiones la supuesta mala administración de los fondos que reciben del Estado que realizarían las universidades públicas, y el supuesto adoctrinamiento ideológico al que estas fuerzan a los estudiantes.
Sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo también afecta a los docentes que ejercen en universidades privadas. Uno de los testimonios incluidos en el informe advertía que su “superávit” mensual se evaporó.
Una justificación habitual de los bajos sueldos docentes suele apuntar a que no se corresponden, en su gran mayoría, con trabajos de dedicación completa (40 horas semanales), sino parciales. Traducido, los docentes ganan poco porque trabajan poco. Es cierto que en las universidades son mayoría los cargos con dedicación simple o semiexclusiva, por lo que sólo una ínfima minoría cuenta con dedicación exclusiva. Pero ello se debe, casualmente, a la falta de presupuesto. Y no se puede obviar que de esa manera se resiente la calidad educativa.
La docencia universitaria debiera contar casi en su totalidad con cargos de dedicación exclusiva, pues al dictado de clases se suman las tareas de extensión e investigación, lo que implica la correspondiente formación de recursos humanos en esas tres áreas.
En este contexto, el docente universitario promedio oscila entre dos decisiones: o renunciar a su cargo y emprender un nuevo rumbo laboral o reducir sus horas docentes al mínimo y complementar sus ingresos con otro trabajo por fuera de la docencia.
En la práctica, ambas alternativas representan un vaciamiento de nuestras universidades, que puede tornarse crítico, lo que pondría en riesgo el futuro del país. El Gobierno debe encontrar una solución al problema antes de que sea demasiado tarde.