La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, prevista para el próximo 20 de enero, plantea cambios profundos en las políticas migratorias de Estados Unidos. Una de las que más preocupación genera en millones de personas es la promesa electoral de llevar a cabo deportaciones masivas, que podrían traer aparejadas la eliminación de los llamados “lugares sensibles”, en los que hasta ahora los indocumentados encontraban protección y no podían ser detenidos sin autorización previa.
Desde 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaban sujetos a una norma que restringía las detenciones de migrantes indocumentados en ciertos espacios, que desde entonces son conocidos como “lugares sensibles”.
Estos sitios son: escuelas, hospitales, parques infantiles, refugios para personas sin hogar, centros de respuesta de emergencia, centros contra la violencia doméstica y sitios de culto, entre otros.
La medida, implementada en la presidencia de Obama y ampliada durante el gobierno de Joe Biden, busca garantizar que los inmigrantes accedan a servicios esenciales sin temor a ser arrestados.
Sin embargo, según informó NBC, la administración de Trump planea revertir esta política desde el primer día de su mandato y permitir a los agentes del ICE operar en estos espacios sin necesidad de autorización previa de sus supervisores.
Tom Homan, designado por el mandatario electo como “zar de la frontera”, afirmó al medio NewsNation que la política de “lugares sensibles” está en revisión, ya que su eliminación permitiría acelerar las deportaciones masivas.
La eliminación de los “lugares sensibles”, en los que los migrantes indocumentados no pueden ser detenidos sin autorización previa, podría tener un fuerte impacto en las ciudades santuario -es decir, en las jurisdicciones que adoptaron políticas para limitar la colaboración con las autoridades migratorias federales-.
Homan remarcó que la administración de Trump será agresiva en su enfoque hacia estas ciudades y advirtió que incluso podría procesar a los funcionarios locales que “alberguen conscientemente” a inmigrantes indocumentados. “Las jurisdicciones santuario no van a detener lo que vamos a hacer. Si no quieren proteger a sus comunidades, lo hará la administración Trump”, dijo.
La posible eliminación de los lugares seguros preocupa a activistas y expertos legales. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), declaró a CNN que estas modificaciones podrían crear problemas significativos de política pública. “Si alguien tiene una enfermedad contagiosa, quieres que vaya a urgencias. No quieres que no vaya porque teme ser arrestado. Lo mismo ocurre con testigos de crímenes que podrían evitar acudir a los tribunales”, advirtió Gelernt.
En la misma línea se expresó Elizabeth Uribe, abogada especializada en inmigración, quien consideró que eliminar estas protecciones “limitaría los movimientos de los inmigrantes” y podría generar un “efecto paralizador en las comunidades”.
Ante este panorama incierto, los expertos hacen énfasis en la importancia de que los inmigrantes conozcan sus derechos. “Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos. Por ejemplo, pueden solicitar ver a un juez de inmigración, presentar un caso y obtener un abogado”, afirmó Uribe. A su vez, recomendó que las familias mixtas o aquellas donde los padres no tienen estatus migratorio preparen un plan de contingencia, incluyendo cartas poder para garantizar el cuidado de sus hijos en caso de una detención.