La guerra en Gaza no solo se libra en el frente, sino también en las redes: vídeos y fotografías muestran los crímenes cometidos por algunos soldados israelíes. Rostros orgullosos ante el caos, explosiones que reducen edificios a escombros o cuerpos sin vida han quedado expuestos en selfies y grabaciones.
Estas imágenes, difundidas tanto por las víctimas como, en algunos casos, por los propios perpetradores, exponen actos que, según los abogados de la organización Hind Rajab Foundation, podrían constituir crímenes de guerra y genocidio. “El mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”, expresaron las relatoras de la ONU Tlaleng Mofokeng y Francesa Albanese en abril de 2024.
La pregunta ahora, es si estas pruebas pueden servir para dar un paso hacia el fin de la impunidad que ha tenido Israel durante décadas. Desde Bélgica, la ONG propalestina Hind Rajab Foundation ha reunido a abogados y activistas de todo el mundo para preparar las acusaciones de los soldados israelíes y presentarlas ante la Corte Penal Internacional. Entre las acusaciones figuran saqueos, destrucción de propiedades, tortura y asesinatos, respaldadas por vídeos publicados en redes sociales y datos geolocalizados.
El Periódico de España se ha puesto en contacto con la embajada israelí en España para intentar obtener más información sobre las persecuciones legales a las cuales se enfrentan sus soldados y conocer más detalles sobre las medidas que ha tomado Israel para protegerlos. Sin embargo, el portavoz de la organización ha declarado que “en este momento la Embajada no va a hacer ningún comentario”.
Las acusaciones hasta el momento
Formada hace apenas cinco meses, HRF ha presentado pruebas ante la CPI contra unos 1.000 soldados israelíes, acusándolos de crímenes de guerra y, en algunos casos, de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, debido a que Israel no forma parte del Estatuto de Roma, la CPI no puede ordenar detenciones dentro del país. Por ello, HRF ha centrado sus investigaciones en soldados que han viajado al extranjero, buscando que tribunales de naciones adheridas al Estatuto de Roma emitan órdenes de investigación y los juzguen por violaciones al derecho internacional.
Hasta el momento, HRF ha presentado 27 casos en 13 países diferentes (España, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Chipre, Alemania, Italia, Países Bajos, Sri Lanka, Suecia y Tailandia) ante la Corte Penal Internacional, confirmaron fuentes de la organización a este medio. Sin embargo, también aseguraron que, “por el momento, ninguna de las acusaciones ha resultado en detenciones, ya que Israel ha movilizado esfuerzos diplomáticos y legales para proteger a sus soldados”.
Respecto al soldado detenido en España, Mori Keisar, este fue acusado por crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad cuando se encontraba de vacaciones en Barcelona. La denuncia, basada en pruebas recopiladas entre enero y marzo de 2024, documenta múltiples violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo el uso militar de viviendas civiles, ataques a escuelas de la ONU, demolición de hogares, disparos indiscriminados y desplazamiento forzoso de civiles, explicó Hind Rajab Foundation en su cuenta de Instagram.
El caso se fundamenta en las leyes españolas (artículos 607, 607 bis y 608 del Código Penal) y tratados internacionales como la Convención contra el Genocidio y el Estatuto de Roma. La jurisdicción de España sobre estos crímenes se establece en virtud del artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, que permite procesar a extranjeros residentes en el país por genocidio y otros crímenes internacionales.
No obstante, Keisar logró huir a Israel, confirmaron fuentes de la Comunitat Palestina de Catalunya, organización que ha colaborado directamente con Hind Rajab Foundation, a El Periódico de España.
Brasil es el único país donde un tribunal ha aceptado jurisdicción sobre un soldado israelí y ha emitido una orden de arresto contra un soldado israelí, explicaron las fuentes de Hind Rajab Foundation. El soldado Yuval Cagdani fue acusado de crímenes de guerra a raíz de unos vídeos donde aparecía demoliendo casas de civiles. Sin embargo, Israel ayudó al soldado a huir del país hacia Argentina, donde fue bien recibido por el Gobierno de Javier Milei, según informó The Jerusalem Post.
A pesar de que Argentina forma parte del Estatuto de Roma, no ha emitido ninguna orden de investigación contra Yuval Cagdani, a diferencia de Brasil. La jurista y directora de proyectos de cooperación internacional, María Sánchez Gil de Cepeda, explica que, por estos motivos, se podría acusar a Argentina de “no estar colaborando con la justicia internacional”, motivo por el que el país se podría enfrentar a “medidas coercitivas, como multas o restricciones económicas». Desafortunadamente, “estas medidas se aplican menos de lo que deberían”, recalca la especialista.
El Periódico de España se ha puesto en contacto con la embajada israelí en España para intentar obtener más información sobre las persecuciones legales a las cuales se enfrentan sus soldados y conocer más detalles sobre las medidas que ha tomado Israel para protegerlos. Sin embargo, el portavoz de la organización ha declarado que “en este momento la Embajada no va a hacer ningún comentario”.
¿Un paso hacia el fin de la impunidad para Israel?
La labor de Hind Rajab Foundation marca la primera vez que miembros de la CPI aplican sus disposiciones sin depender directamente de la corte, explicó el medio Middle East Eye. El presidente de HRF, Abou Jahjah, calificó el momento como “histórico” recalcando que supone “un poderoso precedente para que las naciones tomen medidas audaces para rendir cuentas a los perpetradores de crímenes de guerra«.
Aunque las acusaciones están en sus primeras etapas y enfrentan enormes desafíos, portavoces de HRF explicaron a EPE que “el hecho de que Israel esté sacando soldados de estos países por temor a ser arrestados, es una clara indicación de que el trabajo está teniendo un impacto real” y aseguran que “hay casos que acabarán siendo juzgados en algún tribunal de justicia”.
El periodista y colaborador con la institución de estudios palestinos (Palestine Studies), Mussa’ab Bashir Alazaiza piensa que “aún es temprano para hablar de un verdadero avance hacia el fin de la impunidad de Israel. Solo podríamos considerarlo así cuando exista una acusación formal y un movimiento claro por parte de los organismos encargados de la justicia internacional”. No obstante, el periodista palestino considera que “todo lo que está ocurriendo es significativo, porque permite visibilizar a los criminales de guerra y mostrar sus nombres, rangos y cargos específicos”.
Paralelamente, la CPI ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Sin embargo, su arresto es improbable, ya que Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI. Además, la inmunidad diplomática y el respaldo de EE.UU. complican cualquier acción legal.
La CPI, sin una fuerza policial propia, depende de la cooperación de los Estados firmantes y de la presión internacional. Por ello, “la falta de cooperación puede llevar al cierre de investigaciones, sobreseimientos o retrasos que violen el derecho al debido proceso y a un plazo razonable, afectando la legitimidad del procedimiento” advierte la jurista María Sánchez Gil De Cepeda.
Una “burbuja de impunidad” durante décadas
Amnistía Internacional denunció en un informe, el pasado mes de diciembre, que la “burbuja de impunidad de Israel” ha sido sostenida durante décadas gracias al apoyo de “numerosos dirigentes occidentales, que no solo le han proporcionado un escudo diplomático, sino también un incesante suministro militar”. Según la organización, sin el respaldo de países como Estados Unidos y Alemania, Israel no habría tenido la capacidad de causar tanta destrucción en Gaza.
«Están orgullosos de estos actos», expresó Milena Ansari, investigadora de Israel y Palestina en Human Rights Watch, a Al Jazeera, sobre los posibles crímenes de guerra expuestos por los soldados israelíes a través de las redes sociales. Ansari añadió que «la sensación de impunidad es absoluta” y que “ha aumentado significativamente desde octubre de 2023».
Las acciones de Israel para proteger a sus soldados
En respuesta a estas acusaciones recientes hacia soldados israelíes, el Gobierno del país ha advertido a sus tropas de que no publiquen contenido en redes sobre sus acciones en Gaza, y les ha aconsejado que eviten viajar al extranjero, aseguraron fuentes del ministerio a Middle East Eye.
Además, el medio israelí Ynet publicó a principios de enero una guía que explica a los soldados cómo actuar en caso de ser arrestados fuera del país y advierte los riesgos de compartir contenido en redes sociales. La guía contiene consejos de Nick Kaufman, abogado defensor de la Corte Penal Internacional. Kaufman informa de que «cualquier israelí detenido, ya sea un civil o un soldado, tiene derecho a la asistencia consular». El abogado también explica que, «los soldados que publican videos en línea, proporcionan a las organizaciones hostiles pruebas potenciales para respaldar las sospechas en su contra«.
Crisis interna en el ejército israelí
Mientras algunos soldados israelíes celebran abiertamente los actos cometidos en Gaza, otros no logran soportar la presión y el impacto psicológico de la situación. Desde mediados de 2024, el ejército israelí enfrenta una “crisis crítica de personal”, con la renuncia de alrededor de 500 oficiales de rango mayor, según medios israelíes citados por The Palestine Chronicle.
El estrés de combate y la falta de reconocimiento son factores clave en estas renuncias sin precedentes, según explica el medio israelí Israel Hayom. «Las inmensas presiones que enfrentan los oficiales durante la guerra son insoportables», declaró un soldado al mismo medio.
El soldado Ofer Ziv, por su parte, rechazó regresar al ejército tras la muerte accidental de tres rehenes israelíes, informó El Confidencial. Ahora espera una posible condena en Israel y teme viajar al extranjero por el riesgo de ser acusado de crímenes de guerra.
Acusación a Israel de crimen de genocidio
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por genocidio en Gaza, respaldada por un extenso dosier de 4.000 páginas, presentado en noviembre de 2024, que documenta presuntos actos genocidas. Amnistía Internacional también ha acusado a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza en un reciente informe, citando tres criterios de la Convención sobre el Genocidio como el asesinato, el daño físico o mental y las condiciones de vida que buscan destruir parcialmente a la población palestina.
El caso está siendo evaluado por la CIJ, mientras el debate global sobre la responsabilidad de Israel se intensifica. La catedrática de derecho internacional en la Universidad Carlos III, Ana Manero, explica que “el crimen de genocidio es muy complejo de probar, ya que es necesario probar un elemento subjetivo o mens rea, que justifique que esos actos se cometen con la finalidad de exterminar total o parcialmente a un grupo”.
De hecho, “los casos de genocidio que han llegado a la CIJ hasta el momento se han condenado porque el Estado no ha cumplido con su obligación de prevenir el genocidio, no por cometer el genocidio en sí”, señala la catedrática. No obstante, Manero piensa que algunas de las declaraciones de diferentes líderes políticos recopiladas por Sudáfrica, “prueban la deshumanización de los palestinos y podrían concluir como un elemento probatorio del Mens Rea, del elemento subjetivo del genocidio”.
Así pues, la lucha por el fin de la impunidad no es inmediata, pero las denuncias contra Israel por genocidio y crímenes de guerra están avanzando, lo que representa un cambio hacia la rendición de cuentas por los actos cometidos en Gaza.
Si bien la falta de mecanismos efectivos de cumplimiento en la Corte Penal Internacional y la resistencia de gobiernos aliados dificultan la aplicación de sanciones, parece que el miedo a la persecución judicial comienza a afectar a soldados y funcionarios israelíes.