Más de dos docenas de grupos religiosos en Estados Unidos, que representan a millones de fieles, decidieron accionar judicialmente contra una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump que, en su interpretación, otorga a las autoridades migratorias mayores libertades para realizar arrestos dentro de lugares de culto.
La demanda fue presentada este martes en un tribunal federal de Washington, en un esfuerzo por frenar lo que los demandantes consideran una violación a la libertad religiosa y una amenaza a las prácticas espirituales.
Con la participación de agrupaciones de diversas confesiones, como la Iglesia Episcopal, los menonitas, los unitarios universalistas y los seguidores del judaísmo reformista, la demanda denuncia el clima de terror que ha generado la nueva política. Según los demandantes, el temor a los arrestos y las redadas en templos redujo de manera sensible la participación de los fieles en los servicios religiosos y en actividades comunitarias, y está alterando el trabajo vital de muchas iglesias que brindan apoyo a inmigrantes, incluidos aquellos sin documentos.
Estocada a la fe
“El miedo está haciendo que nuestras comunidades de fe se vean reducidas y limitadas”, aseguró el reverendo Sean Rowe, obispo de la Iglesia Episcopal. “No podemos adorar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo”, señaló, aludiendo a los inmigrantes indocumentados que temen ser detenidos mientras buscan consuelo espiritual.
La demanda presentada amplía los argumentos de una acción legal similar iniciada a finales de enero por un grupo de congregaciones severas y otros grupos religiosos en Maryland, cuyo principal reclamo se basa en la violación de la libertad religiosa ante la expansión de los operativos migratorios.
En respuesta a la acción legal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos defendió la nueva medida, alegando que los agentes de inmigración siempre han tenido la capacidad de operar en “lugares sensibles” como iglesias, hospitales y escuelas. Según el gobierno, la nueva política simplemente otorga mayor discreción a los agentes sobre la aprobación de estas acciones, eliminando la necesidad de obtener permisos superiores para realizar detenciones en esos espacios.
Pero los demandantes no ven esto con buenos ojos. Para ellos, los lugares de culto representan más que edificios; son santuarios donde la fe y el servicio a la comunidad se dan sin distinción de estatus migratorio. Kelsi Corkran, abogada principal de la demanda, sostiene que las escrituras y tradiciones de las iglesias demandantes exigen recibir y servir a los inmigrantes sin tener en cuenta su situación legal. La abogada criticó la lógica del gobierno, que considera como “especulaciones” las posibles consecuencias de la nueva medida.
Fieles aterrorizados
“La gente está aterrorizada de ir a la iglesia. Las congregaciones se están viendo obligadas a hacer cada vez más servicios en línea porque la gente teme por su bienestar”, denunció el reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina. Esta sensación de inseguridad es compartida por muchas comunidades religiosas, que ya habían sido testigos de episodios alarmantes, como el arresto de un hombre fuera de una iglesia en Georgia mientras su familia se encontraba dentro rezando.
El impacto de esta política se siente profundamente en iglesias y sinagogas que ofrecen servicios esenciales para inmigrantes indocumentados: comedores comunitarios, bancos de alimentos y refugios para los más vulnerables. Los demandantes, entre los cuales se encuentran diversas denominaciones cristianas y judías, sostienen que sus congregaciones se ven directamente afectadas por una medida que dificulta el ejercicio libre de su fe y sus responsabilidades comunitarias.
Alineados con la Casa Blanca
No todos los actores religiosos están de acuerdo con los planteamientos de la demanda de referencia. Grupos conservadores como el Liberty Counsel defienden el derecho del gobierno a llevar a cabo arrestos en cualquier lugar, argumentando que los templos no deben ser refugios para quienes infringen la ley. Según Mat Staver, fundador de esta organización, la libertad religiosa no está en juego cuando se trata de actividades ilegales dentro de los lugares de culto.
Sin embargo, para muchos teólogos y expertos legales, la cuestión va más allá de la legalidad. La profesora Cathleen Kaveny, de la Universidad de Boston, cuestionó si el gobierno prevalecería en su interpretación de la ley, pero apuntó que el desprecio por la tradición de los lugares de culto como santuarios puede resultar un paso en falso. “Los templos son diferentes, casi como embajadas”, sostuvo Kaveny, sugiriendo que los edificios de fe deberían ser considerados como espacios donde la humanidad y la dignidad se protegen por encima de la normativa estatal.
La demanda contra la administración Trump pone sobre la mesa no solo un debate legal, sino un profundo cuestionamiento sobre el valor de la acogida y la protección a los más necesitados, un principio arraigado en las enseñanzas de muchas religiones, y en particular del cristianismo. Mientras el gobierno defiende su postura, las voces de miles de fieles siguen alzándose en un acto de fe y resistencia, buscando no sólo la protección de sus derechos, sino también la preservación de un espacio donde la caridad y la fe puedan continuar sin temor.