El Gobierno asume sin eufemismos el aumento del gasto en defensa pactado en Bruselas y está ya en la fase de hacer pedagogía para justificarlo. Un compromiso de los Veintisiete que en el caso de España será más drástico, pues con una inversión actual del 1,28% está en el vagón de cola de la OTAN y lejos del objetivo del 2%. Para suavizar su efecto e intentar buscar consensos políticos, pero también limitar el posible rechazo social, Pedro Sánchez batallará en la UE por computar en este gasto partidas sobre cooperación, ciberseguridad, inteligencia artificial, lucha antiterrorista o misiones de paz, según enumeran fuentes de Moncloa.
El otro objetivo del jefe del Ejecutivo pasa por blindar el Estado de bienestar empujando que la mayor parte de la financiación provenga de la emisión de eurobonos, como en la pandemia del covid. Todo ello sumado a la relajación de las reglas fiscales para que este gasto se produzca a base de aumentar el déficit o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dirigido por la exvicepresidenta Nadia Calviño.
El consenso se limita por el momento al aumento del gasto, pero todavía está por concretar el calendario para aplicarlo, los mecanismos de financiación y la contribución cada país, según explican en Ferraz. De ahí que las mismas fuentes avancen que se batallará por “ampliar el concepto del gasto en defensa” para intentar incluir en estas partidas que “ahora no se computan”. “Se está trabajando por redefinir lo que se entiende como gasto en defensa”, añaden. Como ejemplo señalan que Sánchez logró incluir en el documento pactado en Bruselas la mención a las amenazas no solo en la frontera este por Rusia, sino también en la frontera sur por la situación en el Sahel.
Lo que Sánchez denomina una estrategia de seguridad de 360 grados y con la que se busca dejar el grueso del gasto militar en defensas antiaéreas, drones, antidrones o munición en otros países más cercanos a Rusia. No en vano, durante los últimos días se han publicitado “ataques híbridos” de hackers rusos para poner en valor la necesidad de una mayor integración de la seguridad en las políticas de defensa. Una batalla que el presidente del Gobierno pretende dar en Bruselas, y que tiene consecuencias directas en la política doméstica por el rechazo entre varios de los socios parlamentarios del Gobierno a aumentar el gasto en defensa.
Una de las bazas del Gobierno, además de poner el foco en mirar a la seguridad de la frontera sur, pasa por apelar a que se mire el gasto en defensa en «términos absolutos. Esto es, el cómputo general, en lugar del porcentaje de PIB. Como vienen insistiendo desde Moncloa, España es el décimo contribuyente en presupuesto de la OTAN y desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha incrementado en un 10%. Todo ello, teniendo en cuenta que por el crecimiento económico del país en los últimos años, cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN en Gales, a unos 1.500 millones.
El nuevo ‘think tank’ del PSOE que Pedro Sánchez presentó en julio del pasado año, la fundación Avanza, salió a la luz con un monográfico sobre los desafíos del bloque comunitario en el que se daba cuenta del rechazo político y social a esta nueva realidad. “En España es necesaria una enorme pedagogía para explicar los beneficios generales para la ciudadanía del aumento de los recursos en seguridad y defensa. Dentro del ámbito europeo, es uno de los países donde la opinión pública lo considera menos necesario”. De forma paralela, añadía “es también necesario aumentar el porcentaje del gasto en defensa, que se encuentra en uno de los más bajos tanto de la UE como de la OTAN”.
España, el país con más rechazo
La encuesta especial para las elecciones europeas del Eurobarómetro revela que para el 18% de los consultados el aspecto principal en el que la UE debe centrarse para reforzar su posición en el mundo es la “defensa y seguridad”. Un porcentaje que se eleva al 37% si se suman la primera y la segunda opción. En cambio, estas cifras son muy diferentes en España, como recoge el ‘think tank’ socialista: “El 8% de la opinión pública española apenas considera como primera opción que la “defensa y seguridad” sea el aspecto principal para reforzar. Teniendo en cuenta la primera y segunda opción, el porcentaje es del 20%, siendo España “el país que da menos valor a estas respuestas”.
Sobre esta base y la tradición antimilitarista de la izquierda española, pero también la demostrada por la sociedad con hitos como las protestas contra la guerra de Irak, los socialistas están inmersos en hacer pedagogía ante la nueva coyuntura geopolítica marcada por el abandono de EEUU de Ucrania y la amenaza expansionista de la Rusia de Vladímir Putin. En línea con los argumentos desplegados por Sánchez en su primera valoración tras los acuerdos del último Consejo Europeo, la portavoz del PSOE, Esther Peña, vinculaba la “inversión” en defensa con “invertir en democracia y la protección de nuestros valores”. En rueda de prensa desde Ferraz, tras una ejecutiva centrada principalmente en la situación de Ucrania, Peña insistía en que la seguridad es un “bien público” y que como tal debe ser financiado “con aporte nacional, pero también mecanismos mancomunados”.
Blindaje de servicios públicos
Sánchez ha convocado una ronda de reuniones este jueves con los líderes de los grupos parlamentarios, comenzando por Alberto Núñez Feijóo, para intentar atraer su apoyo a la hoja de ruta asumida por España en política exterior. Si bien se entiende que la nueva realidad obliga a un cambio en las posiciones antibelicistas de algunos grupos del arco progresista, como Podemos, ERC, EH Bildu o IU dentro del espacio de Sumar, se confía en atraerlos con el compromiso de no tocar las partidas en servicios públicos.
“Que haya que hacer inversión en seguridad o defensa no tiene por qué decir que haya que elegir entre esto y quitar un servicio público o un derecho”, aseguraba la portavoz del PSOE. Principalmente, según añadía, partiendo de las enseñanzas de la reacción a la crisis financiera de 2008. “Se ha visto que hay fórmulas diferentes” que no pasen por los recortes sociales, dijo para concluir que tener “una respuesta sólida en seguridad y defensa no es óbice para que se desgaste el Estado de bienestar y no lo va a ser”.
El recurso a créditos y Fondo de Contingencia
A pesar de todo, si el Gobierno no logra aprobar nuevos Presupuestos para incluir estas partidas o no tiene el consenso de sus socios baraja echar mano de mecanismos “extrapresupuestarios”. Sin pasar por el Congreso, a través de partidas aprobadas en el Consejo de Ministros, principalmente a cargo del Fondo de Contingencia. Algo que viene haciendo de forma recurrente durante los últimos meses.
En el último Consejo de Ministros, por ejemplo, se autorizó una transferencia de crédito desde Hacienda al Ministerio de Defensa de 344 millones de euros para “atender necesidades de funcionamiento existentes”. Solo durante el último cuatrimestre del año se aprobaron en diferentes reuniones del Consejo de Ministros partidas destinas a Defensa por un valor total de 2.287 millones euros.