En una maniobra en la que no puede desconocerse una intención intimidatoria, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las 114 personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, explicaron aunque resulte muy complejo delimitar hasta dónde asiste el derecho y dónde empieza un mensaje hacia los jueces que no fallan como espera el gobierno nacional.
El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
La posición de la jueza
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.
“Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, respondió y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un ‘derecho baluarte’ del sistema democrático”.
La magistrada, en su fallo, detalló que las fuerzas de seguridad omitieron información trascendental para considerar si una persona puede o no permanecer privada de su libertad: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.
Y cuestionó que las detenciones le eran informadas con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin especificar de qué delitos graves -como portación de armas o incendio de bienes públicos- se los acusaba. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas”, contó.
“Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, indicó en declaraciones a Radio 10.