El Gobierno publicó este lunes la Disposición 30 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, que otorga un plazo de diez días para que tanto las terminales automotrices con fábrica en el país, como representantes de marcas automotrices importadoras e incluso particulares presenten sus solicitudes para importar vehículos electrificados con arancel cero.
El cupo es de 50.000 unidades, que se repartirá en un tope de 50% para las terminales automotrices agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y el 50% restante entre las marcas automotrices sin fábrica en el país, agrupadas en su mayoría en la Cámara de Importadores y Distribuidores de Automotores (CIDOA). Pero en ese último cupo también serán contemplados los particulares que quieran importar sin intermediación.
La medida, en lo formal, propone difundir los autos de motorización alternativa, que van desde los híbridos hasta los 100% enchufables. El año pasado, sobre un total de 418.000 vehículos cero kilómetro vendidos en el país, menos de 15.000 unidades fueron de motorización alternativa, y de éstas sólo 700 fueron 100% eléctricas.
Según la secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía, “durante 2025 se podrán importar 50 mil unidades sin arancel, lo que generará más competencia en el mercado automotor, promoviendo de esta manera la baja de precios”.
A fines de enero, organismo que encabeza Esteban Marzorati emitió el Decreto 49 que estableció un régimen de importación de 50 mil vehículos eléctricos e híbridos con un Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 0%, contra el 35% habitual para las importaciones realizadas desde países fuera del Mercosur y México.
El dato clave es el valor FOB de esas unidades, que tiene un tope de 16.000 dólares para que (con impuestos internos y margen comercial) se ubiquen en un precio al público de entre 30 y 35 millones de pesos, en competencia directa con los “medianos chicos” nafteros que hoy encabezan la lista de los cero kilómetro más vendidos.
Ahora, con la Disposición 30/25, el Gobierno decidió acelerar los tiempos: los que quieran importar estas unidades tienen un plazo de diez días.
“Este régimen busca generar más competencia en el mercado automotor, promoviendo de esta manera la baja de precios y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a vehículos con nuevas tecnologías. La asignación de las distintas cantidades máximas tiene en cuenta el plazo de puesta en el mercado comprometido como así también el precio de venta al público declarado por los importadores”, señaló la secretaría de Industria en un comunicado.
La “ventana” del arancel cero para vehículos electrificados ya había sido aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri (con aranceles entre 5% y cero, según el tipo de motorización alternativa) y fue prorrogada durante los primeros dos años de Alberto Fernández.
La principal diferencia, ahora, es comercial: con un tope de 16.000 dólares FOB, las automotrices e importadores están buscando modelos en China que se puedan acomodar a esa franja de precios, incluso con algún nivel de subsidio. Las características técnicas requeridas, en cuanto a autonomía y potencia, ubican a los modelos potenciales por arriba de la gama de los citicars que ya ensamblan algunas empresas en el país.
Hasta el momento, con la eliminación de la primera escala de los impuestos internos y la rebaja de la segunda escala de este gravamen, el Gobierno obtuvo una respuesta por parte de las marcas en los modelos que van de los 40 a los 80 millones de pesos: las bajas de precios oscilaron entre 10% y 30%, según modelo y versión.
Sin embargo, la franja más baja de los cero kilómetro, entre los 18 y los 35 millones de pesos no se movió tras la baja de los impuestos internos. A ese segmento se apunta ahora con los permisos para los electrificados de menor precio.