Cuando apenas hacían 10 días de que el gobierno libertario hubiera asumido la presidencia, el 20 de diciembre de 2024 (aniversario de las históricas jornadas del 2001) un fenomenal despliegue de amenazas recorrió el país: Patricia Bullrich lanzó el “0800 buchón” para denunciar supuestos aprietes para que la gente marchara y desplegó en las estaciones de tren mensajes en las pantallas advirtiendo que “el que corta no cobra”. Durante la mañana miles de uniformados intentaron evitar la protesta. Sin embargo, la decidida voluntad de la izquierda y organizaciones sociales derrotó por primera vez el odiado protocolo represivo copando las calles. La consecuencia inmediata fue que esa misma noche cacerolazos inundaron distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Desde entonces, en el año y varios meses transcurridos de la presidencia de Javier Milei, mucha agua pasó bajo el puente. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales utilizaron a las distintas fuerzas buscando castigar la protesta social: desde las organizaciones sociales hasta los docentes de Misiones, pasando por distintos sectores de trabajadores que se plantaron por sus condiciones laborales o puestos de trabajo. La represión a la Ley Ómnibus primero y luego a la Ley Bases fueron un capítulo aparte. No sólo durante el intento de aprobar la primera se endureció la represión, con la policía disparando directamente a los ojos, sino que ante la aprobación de la segunda se detuvo a decenas de personas, algunas de las cuales permanecieron detenidas durantes meses, acusadas del grave delito de sedición, lo que quedó demostrado como un invento delirante de Patricia Bullrich, el fiscal Stornelli y su séquito.
La semana pasada, en un salto en la continua represión que viene aplicando el gobierno sobre la tenaz resistencia de los jubilados, miles de policías (de la ciudad y federales), gendarmes y prefectos arremetieron contra la importante convocatoria que habían logrado los adultos mayores acompañados por las hinchadas de clubes de fútbol, organizaciones de izquierda y movimientos sociales. El saldo fueron cientos de heridos, entre los que cabe mencionar el caso de una jubilada que fue herida en la cabeza a partir de los golpes de un policía y las heridas de extrema gravedad de Pablo Grillo por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada directo al cuerpo. Aunque el gobierno apresó a 114 personas, estas debieron ser liberadas a las pocas horas por orden de la jueza Andrade. Este hecho junto a la enorme resistencia ante los ataques de las fuerzas represivas dejó en crisis un operativo que, lejos de poder desalojar a los sectores que se manifestaban, mostró en las pantallas de celulares y televisores que aquellos que se manifestaban contaban con una fuerte voluntad de lucha que no pudo ser doblegada y aguantó en las calles durante horas. Se trató de un golpe para la Ministra de Seguridad, que nuevamente aplicó la definición de “golpistas” para aquellos que decidieron no amedrentarse y luchar por los derechos de los adultos mayores. Las fuerzas comandadas por Bullrich habían quedado expuestas y la bronca de millones siguió creciendo.
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Este miércoles, luego de una semana cargada de amenazas de parte de los funcionarios del gobierno para con aquellos que optaran por acompañar a los jubilados y hacerse escuchar frente a las puertas del Congreso, la mañana arrancó tensa: las pantallas de las estaciones de tren cambiaron su programación habitual como aquella mañana del 20 de diciembre de 2023, esta vez para anunciar sin vueltas: “La policía va reprimir todo atentado contra la república”. Lo mismo era coreado una y otra vez por altoparlantes, en un intento por emular las fantasías de George Orwell en su famosa novela. Desde el día anterior el gobierno también había anunciado un vallado descomunal y la utilización de un “inhibidor de drones” para evitar que se filmara lo que sucedía en las inmediaciones de la Plaza del Congreso y el despliegue de un nuevo operativo de proporciones. El mensaje estaba claro.
Sin embargo, todo eso falló. Ninguna amenaza autoritaria impidió que la convocatoria fuera esta vez mucho más numerosa que la semana previa: organizaciones de jubilados, partidos de izquierda, organizaciones sociales y miles de personas reunidas con la convicción cada vez más firme de que para derrotar al gobierno es necesario multiplicar la fuerza de la calle y empezar a organizarse. El enorme operativo policial fue finalmente el responsable de cortar las calles del centro porteño, impidiendo transitar y generando un caos de tránsito. La postal de la plaza llena sobrepasó el apresto represivo de Bullrich, a pesar de todas las operaciones del gobierno. En la pelea por la calle se trató de un importante triunfo de la movilización. Si el gobierno festejó que le alcanzaron los votos para firmar un nuevo acuerdo de sometimiento al Fondo Monetario, lo hizo sobre la base de una debilidad en la calle que quedó en evidencia, mientras aparece cada vez más cuestionado desde la criptoestafa a esta parte.
Aunque esta derrota del gobierno en las calles por parte del gobierno tiene particular significación por la crisis política que enfrenta el gabinete libertario, no es la primera vez que Bullrich se queda impotente viendo como pierde el control de la calle: el año pasado ocurrió el 24 de enero ante el paro general, el 8 de marzo (día internacional de la mujer trabajadora), 24 de marzo (aniversario del golpe), en las marchas universitarias del 23 de abril y el 2 de octubre en todo el país, o este año el 1 de febrero la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista y nuevamente el 8 de marzo. Ante la multitud queda comprobado que el ímpetu represivo queda impotente y la movilización encuentra su potencialidad.
En la calle es mucho lo que está en juego. A las puertas de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno necesita imponer el control de la movilización y que el miedo sea la norma. En una dinámica de bronca en aumento, necesita evitar que sea el pueblo trabajador el que haga ver con fuerza sus reclamos y busque impugnar su plan de ajuste. Por eso la pelea por las calles va a continuar.
No hay que perder de vista, sin embargo, el rol clave de la CGT en dejar pasar hasta ahora el conjunto del ajuste libertariano, sino también de evitar poner en juego la enorme fuerza social del conjunto de la clase trabajadora para marcarle la cancha a las bravuconadas de este gobierno. Recordemos que el 12 de junio del año pasado, ante la votación de la Ley Bases, la retirada de los pocos gremios que se habían hecho presentes aquel día fue la luz verde que dio paso al avance de los uniformados sobre los manifestantes. Más en general, la complicidad abierta de la conducción cegetista en la entrega del país al plan de saqueo y entrega tiene un carácter histórico. La convocatoria a un próximo paro general para los primeros días de abril no desmiente esto. Al contrario, de no ser acompañada por un verdadero plan de lucha hasta tirar abajo el conjunto del plan reaccionario mileista, se trata de un gesto de pura impotencia destinado a descomprimir la presión que recae sobre la dirigencia sindical mientras crece la bronca.
El respaldo que crece a la movilización, la bronca con el accionar de las tropas de Patricia Bullrich y la certeza de que crece a lo largo del país la voluntad de enfrentar al gobierno, tienen que ser el puntapié para desarrollar la más amplia organización en cada lugar de trabajo y estudio para imponer ese plan de lucha desde abajo.