El Poder Legislativo analiza una modificación sustancial a la ley de trata de personas que buscará ampliar los alcances de este delito para incluir formas de explotación no contempladas en la normativa actual. El proyecto, presentado por el diputado nacional Juan Brügge, reforma el artículo 145 bis del Código Penal y se alinea con los estándares internacionales en la materia.
La iniciativa propone sancionar con penas de 4 a 8 años de prisión a quienes «ofrezcan, capten, trasladen, reciban o acojan personas con fines de explotación o cualquier otro fin que afecte su integridad psicofísica», incluso si la víctima dio su consentimiento.
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Hasta ahora, la ley argentina solo considera como trata los casos con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. Sin embargo, el nuevo texto busca incluir adopciones ilegales, explotación reproductiva (como vientres de alquiler no regulados) y traslado coercitivo de personas vulnerables (aún sin violencia física).
Protección a las víctimas más vulnerables
Brügge destacó que muchas víctimas, especialmente niños, adolescentes y personas en situación de pobreza, quedan desprotegidas porque sus casos no encajan en la definición clásica de trata. El proyecto prioriza el daño sufrido por encima del consentimiento, alineándose con estándares internacionales como los recientes avances de la Unión Europea.
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Aunque Argentina cuenta con leyes como la 26.364 y su reforma (26.842), las condenas siguen siendo bajas y los procesos judiciales, lentos. Esta iniciativa busca dar herramientas más efectivas a la Justicia y garantizar que ningún caso quede impune.
El proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se espera un fuerte respaldo de organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia.