El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos Presupuestos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son estos los que se han prorrogado ya por dos veces, para 2024 y 2025. El Gobierno asume el reto de aprobar unos nuevos Presupuestos para 2026 y, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que se está trabajando internamente para lograrlo, lo cierto es que los plazos legales para su elaboración ya acumulan una ristra de retrasos y el clima político y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo no ayudan.
Cada vez se hace más difícil poder sacar adelante unos Presupuestos «en tiempo y forma», según la expresión que suele utilizar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y el incumplimiento de los plazos por parte de Hacienda, acarrea demoras en cadena en los presupuestos de autonomías y ayuntamientos
El último plazo incumplido por Hacienda es el que afecta al imprescindible reparto de los objetivos de déficit y deuda entre Estado, Seguridad Social, autonomías y ayuntamientos y a la aprobación de la regla de gasto para el año próximo (a la que se deben sujetar todos los niveles de la administración, también las autonomías y los ayuntamientos).
Todo esto debía haber sido aprobado antes del 30 de junio -según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera-, para dar tiempo a su tramitación parlamentaria durante el mes de julio y a la preceptiva convocatoria en este mismo mes de consejeros autonómicos (en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, CPFF) y alcaldes (en la Comisión Nacional de Administración Local, CNAL).
Además, estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. Fuentes de Hacienda no descartan que el techo de gasto pueda ser aprobado en lo que queda de mes de julio o, si no, ya en el mes de septiembre.
El plazo del 30 de septiembre
«A las malas, se puede correr y llegar al 30 de septiembre», aventura Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea. El 30 de septiembre al que se refiere es el plazo antes del cual el Gobierno debe remitir a Las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos del año próximo -según fija la ley general presupuestaria-, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero siguiente.
Martínez, no obstante, hace notar que la coyuntura política y parlamentaria hace muy complicado cumplir este propósito y advierte de que una nueva prórroga (sería la tercera) añadiría a la economía española un escenario aún más incierto que las dos anteriores: «Un año, se puede tirar hacia adelante. Dos, también. Pero tres, no sé si se puede. Todas las cantidades referenciadas a tres años atrás quedarían demasiado desactualizadas«. Y añade, en tono coloquial, que «mal que bien, tal vez se pueda tirar, pero todas las cifras van a estar deslabazadas». Muestra de ello son las dificultades del Gobierno para hacer encajar este año el aumento del gasto en defensa dentro de unos Presupuestos doblemente prorrogados.
Los trámites y los plazos
En el pasado, el incumplimiento de los plazos para la elaboración de los Presupuestos nunca ha acarreado algún tipo de penalización. Estos son los trámites y plazos en los que se encuadra la elaboración de unos Presupuestos ‘en tiempo y forma’:
A través de esta norma, el Ministerio de Hacienda emite las directrices de las próximas cuentas y las instrucciones a los distintos departamentos de la Administración General del Estado (AGE). No hay una fecha estipulada para este trámite. Con frecuencia, esta norma se emite en los tres primeros meses del año. El año pasado se publicó el 27 de junio. Este año, no ha sido publicada aún.
Según la ley de estabilidad, Hacienda debía haber comunicado antes del 1 de abril el reparto de la senda de objetivos entre administración central, autonomías y ayuntamientos, con el fin de someterlo a la consideración del Consejo de Política Fiscal y de la CNAL en ese mismo mes. Después de haber sido validados, el Consejo de Ministros debía haber aprobado la senda de objetivos antes del 30 de junio. Ninguno de estos trámites se han iniciado, todavía. En consecuencia, tampoco fueron convocados ni el CPFF ni la CNAL en abril.
Junto con la aprobación de la senda de objetivos, el Consejo de Ministros debía haber aprobadp, también antes del 30 de junio, un ‘informe de situación de la economía española’ (a menudo el Gobierno aprovecha esta oportunidad para revisar el cuadro macro, si lo considera preciso) que, sobre todo, debía incluir la regla de gasto aplicable al año próximo. El año pasado, por ejemplo, se fijó una regla de gasto del 3,2% para 2025 (este es el porcentaje máximo de aumento del gasto computable) y se hizo con retraso, el 16 de julio.
Con las coordenadas de los objetivos de déficit y de deuda y de la regla de gasto (que aún no existen), Estado, autonomías y corporaciones locales deben aprobar sus correspondientes techos de gasto antes del 1 de agosto. El año pasado, en una misma fecha (el 16 de julio), el Gobierno acometió todos los pasos anteriores -senda de objetivos, informe de situación de la economía y regla de gasto- y aprobó el techo de gasto. Lo cierto es que después, el Gobierno no logró que el Congreso aprobara su senda de objetivos de déficit y deuda, lo cual acabó abocando a la imposibilidad de sacar adelante unos nuevos Presupuestos y condujo a una nueva prórroga de los de 2023. Mirando al proyecto de Presupuestos de 2026, Hacienda no descarta pisar el acelerador para aprobar el techo de gasto del Estado este mes de julio, aunque tampoco descarta dejarlo para septiembre.
Con anterioridad a que autonomías y ayuntamientos aprueben sus correspondientes techos de gasto (antes del 1 de agosto), debe ser convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión de Administración Local para conocer con qué ingresos del Estado contarán para confeccionar sus respectivos presupuestos, a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Estas son unas reuniones que, normalmente suceden a partir de la segunda semana de julio. El año pasado estas reuniones se produjeron el 15 de julio. Para este año aún no han sido convocadas.
La ley general presupuestaria establece que el Consejo de Ministros debe remitir el proyecto de Presupuestos a Las Cortes antes del 30 de septiembre del año previo. El objetivo es acometer su tramitación parlamentaria con tiempo suficiente de llegar al 31 de diciembre con las nuevas cuentas aprobadas ‘en tiempo y forma’. Antes que eso, el Gobierno está obligado por la Comisión Europea con otro plazo: el 15 de octubre. Antes de esa fecha, los gobiernos deben remitir a Bruselas los planes presupuestarios del conjunto de las administraciones públicas. El incumplimiento de este plazo -que nunca se ha producido- sí está sujeto a consecuencias sancionadoras por parte de las instituciones europeas.
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