Ruth Nina lanzó una amenaza directa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante un ampliado de sectores evistas realizado este fin de semana. La dirigente afirmó que el 17 de agosto “en vez de contar votos, va a contar muertos”.
Las declaraciones fueron hechas mientras el evismo exigía la habilitación del partido Pan-Bol para inscribir a Evo Morales. Nina justificó su postura afirmando que las organizaciones sociales están dispuestas a dar la vida por cumplir e capricho del pedófilo.
La amenaza fue replicada por varios legisladores afines al evismo. El senador Leonardo Loza y los diputados Gladis Quispe y Renán Cabezas exigieron a sus bases impedir que se realicen los comicios.
También, plantearon un “estado de sublevación” si no se restituye la candidatura de Morales. Las advertencias incluyeron llamados a la movilización y a paralizar las elecciones por la fuerza. El encuentro se llevó a cabo en Lauca Ñ, bastión del expresidente.
Renán Cabezas, diputado de El Alto, dijo que tienen derecho a sublevarse contra el sistema legal vigente. Alegó que la Constitución está siendo usada para beneficiar a intereses foráneos.
En su intervención propuso movilizaciones masivas en todo el país. Gladis Quispe respaldó la idea e instó a bloquear contratos del Estado con empresas extranjeras. Según ella, no se debe permitir el avance del Gobierno sin Evo Morales como candidato.
Evistas convocaron a movilizaciones
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Leonardo Loza también se pronunció durante el ampliado. Dijo que no habrá elecciones sin el movimiento indígena campesino. Llamó a los asistentes a declararse en emergencia y organizar una movilización nacional.
Los asistentes aplaudieron los discursos cargados de amenazas y advertencias. La presión sobre el TSE se hizo evidente en ese escenario.
En ese mismo evento, Ruth Nina reafirmó su lealtad al evismo. Sostuvo que Evo Morales es el único líder legítimo del país. Aseguró que “el pueblo” lo eligió y no puede haber elecciones sin su participación.
Además, recordó que Pan-Bol nació de los Yungas y representa a la clase popular. Concluyó que están dispuestos a morir antes que aceptar “candidatos de la derecha”.
La oposición denunció las amenazas
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Las reacciones no tardaron en llegar desde la oposición. La diputada Luisa Nayar anunció una denuncia penal contra Nina. Afirmó que sus declaraciones representan una amenaza directa a la vida y a la democracia.
La acusó de incitar a la violencia y desestabilizar el proceso electoral. “Esto no puede quedar impune”, señaló en redes sociales.
Desde Santa Cruz, la Asamblea Legislativa Departamental emitió un pronunciamiento oficial. Condenó las palabras de Nina por atentar contra la paz social.
Además, exigió al TSE y al Ministerio Público tomar acciones inmediatas. Señaló que las amenazas violan el derecho de los bolivianos a elegir en libertad. Pidieron sanciones para quienes incurran en este tipo de discursos.
El TSE condenó las amenazas
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El domingo, el Tribunal Supremo Electoral rompió el silencio. El vocal Gustavo Ávila calificó la advertencia de Nina como “muy grave”. Indicó que sus palabras amenazan directamente a más de 7,9 millones de votantes.
Añadió que se está incurriendo en posibles delitos como instigación pública a delinquir. Solicitó que el Ministerio Público actúe de inmediato y de oficio.
Ávila explicó que las amenazas vulneran el régimen electoral. Recordó que impedir u obstaculizar un proceso democrático es un delito penal. Advirtió que se están promoviendo actos violentos contra la institucionalidad.
Asimismo, dijo que el TSE recurrirá a todas las instancias necesarias para proteger el proceso electoral. Subrayó que se garantizará el respeto a la Constitución.
El legislador Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, también se pronunció. Acusó a Nina de actuar por interés político y de traicionar sus principios.
Recordó que en 2019 fue crítica de Morales, pero ahora lo respalda. Dijo que está dispuesta a provocar violencia a cambio de “pegas”. Pidió la intervención del Ministerio de Gobierno.
El evismo reiteró su pedido
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La concejal alteña Wilma Alanoca, por su parte, planteó llevar la denuncia ante observadores internacionales. Alegó que existe un pacto entre el Gobierno, el TSE y la justicia para excluir a Morales.
También pidió acciones diplomáticas ante la Unión Europea. Señaló que hay una “persecución política” encubierta.
Los sectores evistas han endurecido su discurso y su postura. Mientras tanto, las instituciones del Estado enfrentan el desafío de mantener el orden.
Organizaciones ciudadanas y colectivos de defensa de la democracia también se han pronunciado. Denunciaron el uso del miedo como herramienta política.
Rechazaron cualquier intento de condicionar las elecciones con violencia. Llamaron a la población a mantenerse firme en la defensa del voto. Exigieron garantías para todos los electores del país.