“El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”
Artículo 429 Código Penal, 2025.
Leo y oigo que el sumario de lo que ya conocemos como el ‘caso Montoro’ o la conversión del Ministerio de Hacienda del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en una máquina para facturar la venta de leyes no tendría consecuencias si hubiera existido en España un registro de ‘lobbies’ o una ley reguladora de ‘lobbies’.
¿Qué es un ‘lobby’?
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra inglesa define una “actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones de -ámbito público o privado en favor de intereses determinados”.
La empresa Equipo Económico, fundada por Montoro, se convirtió en una profecía autocumplida: cuando él pasó a ser ministro de Hacienda dicha compañía se convirtió en el ‘lobby’ principal, la entrada, antesala, o sala de espera, de su despacho en el edificio de la madrileña calle de Alcalá, 4. No se distinguía Equipo Económico empresa de su equipo económico en el Ministerio de Hacienda.
El 11 de junio de 2019, el subinspector de Mossos d’Esquadra TIP 4493, en calidad de instructor, elevó al juez Rubén Rus Vela, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, un atestado de 63 páginas que lleva por encabezado: “Diligencia Resumen de Actuaciones”.
En las conclusiones, señala que “en primer lugar cobra fuerza la hipótesis barajada de inicio según la cual Equipo Económico habría estado cobrando grandes cantidades de dinero en concepto de comisiones, por su capacidad de influir en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
¿Cómo lo hacía?
“Para dar una apariencia de legalidad a estos ingentes ingresos, Equipo Económico habría estado facturando a las sociedades que abonaban dichas comisiones, en concepto de prestación de servicios de asesoría y también por la realización de informes estratégicos que funcionarían como cobertura de la comisión, velando el pago de la misma”.
Resulta sumamente interesante -para desmentir la idea de que si hubiese un registro o legislación sobre grupos de presión o ‘lobbis’ en España, que por supuesto debería aprobarse cuanto antes- ver cómo veía el TIP 4493 la actividad de Equipo Económico.
«La actividad que realizaba EE [Equipo Económico] excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá. Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del Gobierno que, por formar parte del Consejo de Ministros, participaban en la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley, e incluso en la aprobación de normas con rango de ley (en el caso de los decretos leyes). También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del Estado. Así el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios”.
Primera conclusión: se trata de un mecanismo de corrupción que supera la frontera del Ministerio de Hacienda.
Y el informe subraya: “Si el tipo de actividad es detestable por cuanto la mayoría de las veces obedece y prioriza el interés de unos pocos en detrimento de la mayoría, en el caso particular de Equipo Económico se presenta especialmente execrable por cuanto quienes ejecutan o habían desempeñado cargos públicos se han estado beneficiando de su posición privilegiada con la única finalidad de enriquecerse patrimonialmente”.
Los dos personajes claves de la trama, según todas las fuentes consultadas, han sido los hermanos Martínez Rico: Ricardo y Felipe… “El dinero acabó convirtiéndose en el objetivo de su vida y poco a poco consagró su formación a conseguir cada vez más”, dijo una fuente que convivió ambos en el Gobierno de Mariano Rajoy. “El error de Montoro fue nombrar jefe de Gabinete a Felipe Martínez Rico”, apuntó… Es que Felipe Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro y más tarde subsecretario de Hacienda durante el Gobierno de Rajoy.
Ricardo Martínez Rico había sido director de gabinete de Montoro en la secretaría de Estado de Hacienda en 2003/2004, en el último año del Gobierno de Aznar, secretario de Estado de Presupuestos.
Alberto Nuñez Feijóo “recuperó” en enero de 2023 parte del equipo de Montoro. Y recientemente ha “recuperado” a Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía en 2013-2016, es decir, en el periodo en el que se elaboraron y aprobaron lo que serían las reformas que querían y por las que pagaron 360.000 euros las empresas gasistas. En el sumario de esta causa, su nombre no aparece.
El despacho Equipo Económico utilizaba la misma jerga en sus contratos que los bancos de inversión. Te cobraba, como en el caso de las empresas del gas, 60.000 euros como adelanto y una prima de éxito o success fee. El éxito, claro, era la aprobación de la ley en el Parlamento
¿Y Rajoy?
Su responsabilidad como presidente del Gobierno y como presidente del Consejo de Ministros que aprobaba los proyectos de ley y decretos leyes a la medida de los gasistas y otros sectores es indudable.
Pero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre los ERE exigiría probar que también, como Montoro, participaba en la operación. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo condenaron a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, sin entrar a considerar su participación concreta en la trama de los ERE. Pero el TC dio el amparo a Chaves y Griñán y elaboró la doctrina que exige mucho más que ser presidente para condenarle.
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