El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de control de agresores machistas en dos oficios enviados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género el 8 enero y el 21 de febrero de este año.
Los oficios los envió a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la presidenta de este observatorio, Esther Erice, según ha publicado este lunes El Español y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
En dichos oficios, cursados tras las quejas de órganos judiciales andaluces, se advertía de incidencias y fallos en los dispositivos como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, según confirman fuentes jurídicas.
De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de «fallos técnicos» en los dispositivos por «localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados».
Los presidentes de las Audiencias provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que estas se imponían a través de una resolución judicial.
Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.
Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.
Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.
Partidos de la oposición y aliados como el socio de Gobierno, Sumar, han pedido que se investigue lo ocurrido.
Las pulseras que controlan la ubicación de los condenados por violencia machista se emplean en España desde 2009 y ninguna víctima protegida con este sistema ha sido asesinada
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