Izquierda Unida reclamó este sábado que el refuerzo de la red eléctrica entre Badajoz y Córdoba se adelante e incluya en el programa de inversiones 2026-30, aprovechando el periodo de audiencia pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, valoró que el documento de planificación eléctrica «por fin reconozca la necesidad de esta infraestructura», pero advirtió de que la provincia «no puede esperar más”. Según explicó, esta red es “fundamental” para el desarrollo industrial del norte de Córdoba, ya que «una red eléctrica adecuada permitiría que nuevas empresas se instalen, generen empleo y contribuyan a frenar la pérdida de población que sufre la comarca».
Pérez insistió en que el norte de la provincia «lleva años padeciendo una deficiente red de suministro eléctrico», y que es imprescindible actuar de forma urgente para «garantizar el derecho a una energía de calidad y avanzar en la cohesión territorial de Córdoba». En esta misma línea, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, registró una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso en las que exige explicaciones sobre la falta de inversiones en la provincia y pide que se concreten los planes de refuerzo del sistema eléctrico en los próximos cinco años. Santiago recordó que el documento reconoce la necesidad de un mallado entre Badajoz y Córdoba para reforzar el suministro en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, pero lo pospone más allá del horizonte 2030, lo que considera «un plazo inasumible para territorios que llevan años sufriendo cortes, averías y un sistema obsoleto».
El diputado recordó además los problemas recurrentes en municipios como Fuente Palmera y Fuente Carreteros, donde «las deficiencias en el suministro y las instalaciones obsoletas dificultan el desarrollo económico y la vida cotidiana de la población». Por ello, defendió que reforzar el sistema eléctrico en Córdoba es una cuestión de «justicia territorial», que debe priorizarse «para garantizar el derecho a una energía estable y de calidad en toda la provincia».