El próximo 24 de noviembre está previsto que empiece en la Audiencia Nacional el juicio contra Jordi Pujol y sus hijos. La defensa del expresident de la Generalitat e Cataluña no solo ha solicitado al tribunal que, debido a sus 95 años y a su estado de salud, se le permita la comparecencia y declaración en la vista por vía telemática desde su residencia en Barcelona, sino que va más allá, y ha requerido que los médicos forenses le examinen para «evaluar su deterioro cognitivo» y determinar su «capacidad o incapacidad», por «demencia sobrevenida», de «autodefensa» en el juicio, según ha podido saber El Periódico de Catalunya. En el supuesto de que los facultativos y los jueces consideraran que está incapacitado, se debería archivar el proceso, al igual que pasó en 2021 con su esposa, Marta Ferrusola, aunque en esa ocasión sus abogados solicitaron directamente su exoneración. La Audiencia ya ha estimado la petición de evaluar su estado de salud.
Uno de los argumentos esgrimidos en el escrito, al que ha tenido acceso este diario, es que Pujol cuenta con «marcadores de Alzhéimer en la sangre» y una «severa alteración de la memoria verbal […] que le lleva a confundir hechos y personas». Esto se describe como un «deterioro cognitivo grave» que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. Pese a todo, la defensa del exjefe del Gobierno catalán no ha reclamado de forma explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para «comprender el objeto de la acusación» y desarrollar su autodefensa, pero los informes aportados ahora por dos médicos apuntan en esa «dirección».
De ahí que los abogados del expresidente vean necesario que una clínica forense «evalúe» el deterioro cognitivo y si este limita «la comprensión de contenidos complejos y su capacidad para comprender la acusación formulada, comunicar eficazmente y afrontar el juicio con garantías». Los abogados de Pujol aluden a una sentencia del Tribunal Supremo para justificar que una demencia sobrevenida imposibilita a un acusado llegar a un juicio «con garantías», como se recoge en el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el caso del dirigente catalán, si los forenses certifican el estado de salud que describe su defensa, podría no llegar a ser juzgado.
El caso de Marta Ferrusola
La petición de la defensa de Pujol es ligeramente diferente a la que presentó su mujer unos años atrás. Ferrusola, que falleció en julio de 2024, fue exonerada de este caso por el Alzhéimer que padecía. Sus abogados alegaron a finales de enero de 2021 que no podía declarar a causa de su enfermedad -diagnosticada en 2018- y de las secuelas que le había dejado una fuerte caída en su casa de Queralbs unos meses antes de presentar el escrito.
Su defensa argumentó que sufría una «demencia sobrevenida», que provocaba que no fuera capaz de reconocer «de manera consistente a los familiares próximos» ni articular frases «de contenido coherente». Tras ser analizada por una forense de la Audiencia Nacional, se determinó que padecía un «deterioro cognitivo tipo Alzhéimer moderadamente grave de cinco años de evolución» y que no reunía «las condiciones psíquicas mínimas necesarias para prestar declaración».
Dependencia funcional
Pujol, según sus abogados, tiene reconocido un grado de discapacidad del 75%, lo que con arreglo a la ley, supone una «gran dependencia». Uno de los informes médicos aportados por la defensa destaca que el expresidente tiene una «severa dependencia funcional para actividades básicas», una «marcha muy inestable» y una «movilidad reducida». Estos son algunos de los aspectos que aconsejarían, en su opinión, el seguimiento telemático del juicio y por el que trataría de evitar su desplazamiento a Madrid, con pernocta fuera de su domicilio. Pero el escrito añade otras patologías, entre ellas, la discopatía (deterioro o desgaste de los discos intervertebrales), la escoliosis (curvatura de la columna vertebral), la poliartropatía degenerativa (afección que afecta a múltiples articulaciones, causada por el desgaste progresivo del cartílago) y la úlcera sacra por presión.
La edad de Pujol, el cuadro de patologías que presenta, su grado de dependencia «y las dificultades que para un hombre anciano tiene el desplazamiento de una ciudad a otra» supone, según precisan sus abogados, una «condición particularmente gravosa o perjudicial» para él y que habilita al tribunal de la Audiencia Nacional a acordar que su declaración en el juicio, que arranca en menos de 20 días, se realice a través de videoconferencia, en caso de considerar que se encuentra en condiciones de defenderse y afrontar el juicio.
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