Después del traspié con el Capítulo XI del Presupuesto en Diputados, el Gobierno se enfrenta también ahora a una serie de reveses en el plano judicial, expresión distorsionada de la relación de fuerzas que aún no puede torcer.
Este martes, el juez Martín Cormick, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795).
Esta decisión se funda en que el Decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de dicha Ley, presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
La aplicación de la Ley frenada por el Gobierno, significará un incremento de al menos 46% en los salarios universitarios para recomponer el nivel a 2023, su indexación automática por inflación, y también la restitución de los montos de becas estudiantiles, entre otras garantías para el financiamiento universitario.
El gobierno tiene que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario pic.twitter.com/14dQ6pxMZS
— AGD-UBA (@UbaAgd) December 23, 2025
La acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado Nacional. El cuestionamiento a la validez constitucional del decreto presidencial es claro, ya que condicionó la aplicación de la ley pese a la insistencia legislativa de ambas cámaras del Congreso.
Se trata de una ley conquistada doblemente por el movimiento universitario (la ley y el rechazo al veto presidencial) en las calles. Ello sucedió tras dos años de organización, paros docentes y no docentes, tomas de facultades y asambleas estudiantiles en 2024 y movilizaciones multitudinarias apoyadas por el conjunto de la comunidad educativa y la sociedad, aún a pesar de los acuerdos por arriba de rectores y legisladores radicales y peronistas «con peluca» en el Congreso para desactivar el conflicto.
Si bien el Gobierno puede apelar la decisión judicial, lo sucedido con la cautelar es una herramienta más de la comunidad universitaria para fortalecer la pelea por la plena implementación de la Ley de Financiamiento y prepararse para enfrentar el Presupuesto de ajuste 2026, así como las reformas que quieren implementar en el ámbito educativo.
Ahora el Gobierno analiza «reasignar partidas» presupuestarias para garantizar el «equilibrio fiscal» y recortar en otras áreas, siempre cuidándose de no afectar la partida destinada a pagos de servicios de deuda, Seguridad, e Inteligencia, entre otros puntos prioritarios de Milei. Esto implicaría un 0,7% del PBI o unos $ 7 billones que buscará recortar de otras áreas. La contradicción es que muchas de estas áreas ya han sido fuertemente podadas, como transferencias a provincias, obra pública, salarios públicos, prestaciones de la seguridad social, entre otras.
Cautelar Ley 27.795 by La Izquierda Diario
En otro revés judicial, también este martes la Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo, de nulidad absoluta, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en la causas judiciales de corrupción.
Dicho DNU había sido dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema, fundamentó la Cámara.