Once años después de lo que estaba previsto legalmente, el Gobierno presentará este viernes su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, tras pactar con ERC algunas de sus principales líneas maestras. El acuerdo ha sido escenificado este jueves con la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa, que básicamente ha servido para que el líder de los republicanos catalanes anuncie que Catalunya aumentará sus recursos en unos 4.700 millones de euros y un 12%, sin muchos más detalles.
Los pormenores los anunciará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes a partir de las 10 horas, pero en las últimas semanas ya han transcendido algunos de sus principios fundamentales. Posteriormente, el proyecto tendrá que ser presentado a los consejeros autonómicos en la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes para su aprobación definitiva, que dada la oposición actual de Junts y el PP resulta hoy por hoy improbable. Montero aseguró que le gustaría que estuviera en vigor en 2027, pero reconoció que no depende de ella.
Modelo caducado y complejo
El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) fue aprobado a finales de 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incluía la previsión de que se revisase cada cinco años. Sin embargo, ni el Ejecutivo de Rajoy ni el de Sánchez, hasta ahora, lo cumplieron. Se trata de un modelo complejo, en el que los ingresos de las comunidades provienen de la recaudación de impuestos cedidos total o parcialmente por la Administración General del Estado a las autonomías y de cuatro fondos que canalizan recursos del Ejecutivo central hacia los Gobiernos autonómicos y de estos entre sí para reducir las diferencias entre territorios.
Uno de los elementos que ha provocado tradicionalmente más disputas es la definición de la variable de la población ajustada, que se utiliza para realizar muchos de los cálculos que exige el sistema de financiación. Esta magnitud corrige la población real de cada territorio en función de distintos parámetros (como el grado de envejecimiento, la dispersión de la población o la extensión geográfica) para calcular el coste unitario de proveer los servicios públicos en cada comunidad.
Todo ello provoca que la diferencia en la financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor (Cantabria) y peor (Murcia) dotadas ronde los 1.000 euros, de algo más de 4.000 euros a algo más de 3.000. También que solo haya tres comunidades (Madrid, Catalunya y Baleares) que, junto al Estado, contribuyan a la solidaridad (reciben menos recursos del sistema de los que les correspondería por recaudación tributaria porque parte de la misma se destina a otras comunidades). Y, asimismo, que no haya una correspondencia en el ‘ranking’ entre lo que se aporta y se recibe por habitante: Catalunya, por ejemplo, es la tercera por contribución y la novena por percepción.
Más tarta, distinto reparto
La ministra Montero ya anunció hace unas semanas los principios generales que regirán el nuevo modelo. El primero es que «ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada», porque el sistema «contará con más recursos». En la práctica, quiere decir que la tarta a repartir entre todas las comunidades será más grande y que todas recibirán más dinero que con el sistema actual. Una de las vías para lograrlo es que el Gobierno va a elevar el porcentaje de la recaudación de ciertos impuestos que cede a las comunidades.
Se trata, eso sí, de una mejora en términos absolutos (más dinero) destinada a que la reforma sea ‘vendible’ en todos los territorios, pero todo parece indicar que no ocurrirá lo mismo en términos relativos (peso de cada comunidad en la tarta común), donde sí habrá ganadores y perdedores. Montero, así, apuntó que «se reducirán las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado» entre las distintas comunidades (los citados hasta 1.000 euros entre Cantabria y Murcia), ya que las actuales «no estaban justificadas».
En el mismo sentido puede interpretarse que el Gobierno y ERC hayan alcanzado, según ha anunciado Junqueras, un «acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad» (es decir, que cada comunidad ocupe el mismo puesto en el ‘ranking’ por recursos aportados y recibidos). La ministra apuntó que el modelo «recogerá la solidaridad territorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos», con lo que seguirá habiendo algún tipo de nivelación entre comunidades, pero está por ver si será menor o si el Estado aumentará los recursos que aporta para mantenerla.
Multilateral y bilateral
Otro de los principios anunciados en su día por Montero es que el sistema «será aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen común, lo que no impedirá tener en cuenta y respetar singularidades y particularidades territoriales». Se trata de un elemento con el que se quiere cumplir los compromisos de bilateralidad alcanzados con ERC y al tiempo tener argumentos frente a las quejas del resto de comunidades. «Contemplará un debate multilateral con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral sin que compita con los recursos del resto de comunidades. Ya existe una cierta bilateralidad en el modelo actual: las competencias no homogéneas se discuten en el marco bilateral», justificó la ministra.
Asimismo, el nuevo modelo «reforzará y aumentará la capacidad normativa de las comunidades en un marco de corresponsabilidad fiscal pero también de respecto a su autonomía», al tiempo que incluirá «avanzar en un nuevo modelo de gestión en red del sistema tributario«, entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal. De nuevo, una fórmula para tratar de cubrir el acuerdo con ERC de que Catalunya recaude paulatinamente todos sus impuestos, si bien en el IRPF, el primero previsto, todavía no hay acuerdo entre el partido y el Gobierno. «Significa que las comunidades de forma progresiva puedan asumir mayores competencias en la gestión sin que ello impida la aplicación conjunta de la política fiscal en el conjunto del territorio», aseguró Montero.
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