Un mes y dos días después del «secuestro» de Nicolás Maduro por parte de un comando militar norteamericano, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en su primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El nombre de la iniciativa no está a la altura de las circunstancias: se trata de una amnistía para los opositores al Gobierno que comprende hechos que van desde 1999, el año cero de la era de Hugo Chávez, hasta el presente. La votación encontró con la mano alzada no solo al oficialismo sino a las fuerzas opositoras agrupadas en el Grupo Parlamentario Libertad.
La iniciativa de la «presidenta encargada» Delcy Rodríguez habría sido impensable antes de los hechos del 3 de enero, como también lo habría sido el consenso alcanzado entre sectores enemistados. Todos estuvieron de acuerdo con que esa normativa podría ser una «oportunidad para la paz y la reconciliación nacional». La sesión permitió no obstante observar diferencias. El madurismo pidió a sus adversarios entender el proyecto como una mano tendida hacia el futuro y no un signo de «debilidad» resultado del nuevo reordenamiento interno. También solicitó a la oposición que repudie hechos de violencia como «secuestrar presidentes».
El diputado de Unión y Cambio, Tomás Guanipa, hermano del preso político Juan Pablo Guanipa, instó en tanto a las autoridades parlamentarias a sancionar la ley con la misma rapidez que se dio luz verde a la normativa sobre Hidrocarburos que cambia de manera sustancial el papel de los capitales extranjeros en territorio venezolano.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, dijo que más del 95% de los venezolanos y venezolanas no quieren más confrontación ni odio. «Los que hacemos política debemos hablarnos y escuchar al pueblo venezolano, tenemos esa obligación». A su criterio, «Venezuela no aguanta una venganza más».
La amnistía era una aspiración medular de las fuerzas opositoras y, en particular la sociedad civil. La ley se conoce en momentos que existe una discusión entre los organismos humanitarios y el Gobierno sobre la cantidad de excarcelaciones. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, habló de más de 800 presos liberados, una cifra descartada de plano por las oenegés y los familiares.
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