Antes de convertirse en el principal impulsor de una reforma laboral orientada a limitar indemnizaciones y reducir los juicios contra empresas, Javier Milei protagonizó una historia personal que hoy vuelve al centro del debate público. Se trata de un conflicto judicial con un antiguo empleador que, según su propio relato, le permitió sostenerse económicamente durante casi cuatro años sin trabajar.
La anécdota fue contada por el propio Milei en su libro autobiográfico El camino del libertario, publicado en 2022. Allí relata que, tras regresar de unas vacaciones, su empleador intentó reducirle el salario o imponerle condiciones que consideró inaceptables, en el marco de una relación laboral que no estaba debidamente formalizada.
Indignado por la situación, decidió iniciar una demanda judicial por irregularidades en la contratación. “Me pareció un delirio. No lo acepté. Me pareció tan bajo y miserable lo que me hizo aquel empleador que le hice juicio. Obviamente, lo gané”, escribió. El fallo le resultó favorable y derivó en el cobro de una indemnización significativa, que, según contó, fue clave para atravesar una etapa de repliegue personal.
Con ese dinero, Milei afirmó haber vivido con austeridad durante casi cuatro años sin trabajar, mientras se dedicaba a estudiar, reorganizar su carrera y cuidar a su perro Conan. Ese período, previo a su exposición mediática, transcurrió entre fines de los años noventa y la década del 2000.
El propio Milei retomó ese episodio en distintas entrevistas, entre ellas una en 2022 con Ernesto Tenembaum, donde lo definió como un momento difícil, pero también como una etapa de “libertad” personal, posible gracias al respaldo económico del juicio ganado.
Durante años, esa historia quedó relegada frente a su ascenso político. Sin embargo, volvió a cobrar relevancia en 2025 y 2026, cuando el Gobierno avanzó con proyectos para acortar plazos judiciales, limitar indemnizaciones y combatir la “industria del juicio”.
Para sus críticos, el contraste es evidente: el mismo dirigente que hoy busca recortar derechos laborales se benefició, en su momento, del sistema que ahora cuestiona. La indemnización que cobró fue posible gracias a un marco legal que protegía al trabajador no registrado y garantizaba compensaciones ante abusos.