El ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán supone un punto de inflexión en la ya frágil estabilidad regional. A primera hora de ayer, ambos gobiernos anunciaron el inicio de una operación militar a gran escala. Donald Trump la describió como «masiva y en curso», destinada a neutralizar amenazas inminentes, mientras que Binyamin Netanyahu la presentó como una acción preventiva frente a lo que considera una amenaza existencial, pero la operación parece orientada no solo a debilitar sino a propiciar la caída del régimen de los ayatolás. Se registraron explosiones en Teherán, Isfahán y Tabriz e Israel movilizó decenas de miles de reservistas y declaró el estado de emergencia. Irán anunció inmediatamente una «respuesta ilimitada y sin líneas rojas» y el Gobierno interrumpió internet y la telefonía en todo el país. Se produjeron oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos y Jordania interceptó proyectiles sobrevolando su espacio aéreo.
El episodio se enmarca tanto en la dinámica interna iraní como en el contencioso sostenido que mantiene con Israel y Estados Unidos. Tras años de protestas sostenidas, el régimen ha intensificado la represión y algunas fuentes sitúan en torno a 92.000 los muertos desde enero. Paralelamente, Washington y Teherán mantenían conversaciones indirectas en Viena y Omán para encauzar el conflicto nuclear. Y pese a que las últimas rondas se habían calificado de constructivas, persistían desacuerdos relevantes, en particular sobre el programa de misiles balísticos. El ataque se produce, por tanto, en un contexto de negociación abierta que acentúa la percepción de quiebra de la diplomacia.
En el plano interno, la ofensiva podría reforzar la cohesión en torno al régimen y, al tiempo, dificultar una eventual transición si la cúpula resulta finalmente descabezada. La fragmentación de la oposición y el peso decisivo de las Fuerzas Armadas, en especial de la Guardia Revolucionaria, plantean dudas sobre la viabilidad de un relevo estable, pese al enorme descontento social. En el ámbito regional, aumenta el riesgo de extensión del conflicto, con efectos sobre el comercio energético y la seguridad de rutas estratégicas. La amplia presencia militar estadounidense en la zona añade un elemento adicional de inestabilidad, aunque una eventual caída del régimen podría suponer el fin del apoyo iraní a milicias y grupos armados hostiles a Israel. Y a escala internacional, la operación erosiona un orden ya tensionado por intervenciones unilaterales y por la creciente debilidad de los mecanismos multilaterales.
La UE, la ONU y el Gobierno español han apelado a la contención y al respeto del derecho internacional. La prohibición del uso de la fuerza -salvo casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad- constituye un pilar del orden jurídico internacional, y su vulneración debilita la seguridad colectiva. Recordarlo no supone ignorar el carácter totalitario del régimen iraní ni los riesgos de su programa nuclear. Sin embargo, si las potencias democráticas actúan al margen de las reglas comunes, erosionan los valores que pretenden defender, aunque el mundo estaría mucho mejor sin el régimen de los ayatolás.