La Justicia de Venezuela otorgó libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.
En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.
Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y periodos establecidos en la legislación.
«Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional», afirmó el parlamentario.
Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien reiteró esa petición el lunes.
La ley contempla un periodo de 27 años
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Diversas organizaciones han criticado la norma, que consideran «excluyente», y este viernes las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela aseguraron su aplicación funciona como un «espejismo» de estabilización en el país.
«Busca generar una sensación de ‘borrón y cuenta nueva’ para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución», señalaron las organizaciones en su informe ‘El balance de la arbitrariedad (2014-2026)’.
Esta semana, familiares de presos políticos y activistas protestaron ante las sedes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Tribunal Supremo de Justicia, todas en Caracas, para pedir la liberación de los presos políticos, la revisión de casos excluidos y mejores condiciones en los centros de detención.
En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, así como la de un grupo de dirigentes sindicales.