El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una serie de intervenciones en el barrio de Retiro, focalizadas en el control del crecimiento del asentamiento conocido como Villa 31. La estrategia, coordinada por varias áreas del ejecutivo porteño, tiene como eje principal el reforzamiento de la seguridad y la fiscalización en los puntos de ingreso al barrio.
Operativos y medidas de control
Este jueves se desplegaron retenes policiales en distintos accesos clave, como las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Retiro y zonas aledañas al Paseo del Bajo. Según informaron fuentes oficiales, cinco de las trece entradas vehiculares fueron convertidas en calles peatonales. Además, se establecieron tres nuevos puestos policiales fijos, que se suman a los ya existentes, y se implementaron controles itinerantes.
«Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la ciudad», afirmó el jefe de gobierno, Jorge Macri, en un comunicado oficial.
Un plan de múltiples frentes
Las acciones no se limitan al control de accesos. En las últimas semanas, se han realizado operativos para desalojar ocupaciones indebidas de veredas, clausurar depósitos ilegales de materiales de construcción y remover comercios informales que obstruían la vía pública. Recientemente, también fue demolida una construcción identificada como punto de venta de drogas.
Las autoridades sostienen que el crecimiento descontrolado del barrio, que alberga a unas 45.000 personas en aproximadamente 72 hectáreas, genera riesgos estructurales y de seguridad para los residentes. Además, señalan la existencia de un mercado informal de alquileres y venta de espacios, donde los precios alcanzarían cifras millonarias, aprovechándose de la necesidad de vivienda de muchos habitantes.
Contexto y antecedentes
La urbanización de la Villa 31, un proceso iniciado en 2016, tenía entre sus objetivos consolidar un ordenamiento territorial y evitar la expansión irregular. Sin embargo, según la evaluación de la actual gestión, esos objetivos no se habrían cumplido en su totalidad, lo que motivó la implementación de estas nuevas medidas de control y fiscalización.
El plan es coordinado por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo declarado es «fortalecer la integración y garantizar que la ciudad sea una sola, con las mismas obligaciones, derechos y reglas para todos los vecinos».