La diputada nacional por Córdoba, Sabrina Selva, realizó duras críticas al desarrollo de la audiencia pública convocada para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. En declaraciones a medios nacionales, la legisladora del espacio Unión por la Patria afirmó que el proceso fue una «simulación» y una «farsa», marcada por una participación ciudadana restringida.
Denuncias sobre el procedimiento
Selva centró sus cuestionamientos en la organización del evento. Según su relato, de más de 100.000 personas inscriptas para participar, solo se seleccionaron arbitrariamente alrededor de 200 para exponer de manera presencial o virtual. «No transparentaron cuál fue el proceso para definir quiénes hablaban y quiénes no», aseguró la diputada, quien además denunció que se manipuló el listado final de oradores.
La política cordobesa argumentó que esta modalidad incumple los requisitos establecidos por el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Enfatizó que, según estas normativas, la audiencia pública debió realizarse antes de que el proyecto obtuviera la media sanción en el Senado, hecho que ocurrió en febrero pasado.
Un contraste con experiencias anteriores
Para dimensionar la situación, Selva comparó el proceso con otras audiencias públicas de alto impacto. Mencionó los extensos debates que se llevaron a cabo durante meses para leyes como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la de Servicios de Comunicación Audiovisual o por aumentos tarifarios. «Hay que destacar cómo la ciudadanía se volcó a participar de un debate fundamental, porque está en riesgo el agua de todos», reflexionó.
El fondo del debate legislativo
La reforma en discusión modifica la actual Ley de Glaciares, sancionada en 2010. El cambio central radica en transferir a las provincias la facultad de definir la «relevancia hídrica» de los glaciares y del ambiente periglacial en sus territorios. Los impulsores del proyecto argumentan que otorga mayor autonomía a las jurisdicciones, mientras que los opositores advierten que flexibiliza las protecciones ambientales y beneficia a la actividad minera.
Selva rechazó lo que denominó una «falsa dicotomía» instalada en el debate. «Pretenden ubicar de un lado a quienes estaríamos a favor del desarrollo minero y del otro a quienes estaríamos en contra. Uno no puede pensar en desarrollo sin algo fundamental como el agua», sostuvo la diputada, formada en la Universidad de Buenos Aires y con una trayectoria que incluye cargos en la Administración de Parques Nacionales.
Incertidumbre sobre el destino de la ley
Consultada sobre el posible desenlace de la iniciativa, la legisladora reconoció la existencia de un fuerte «lobby» y la influencia de gobernadores en el Congreso. Sin embargo, consideró «alarmante» que, tratándose de una ley de presupuestos mínimos ambientales, se avance con procedimientos que a su criterio adolecen de vicios de nulidad.
El proyecto ahora se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, a la espera de su tratamiento en el recinto. La polémica desatada por la audiencia pública anticipa un arduo debate parlamentario en las próximas semanas.