Un fiscal nacional y uno federal imputaron al presidente, vicepresidenta y secretarios del tribunal por abuso de autoridad y otros cargos. La investigación analiza presuntas maniobras para influir en una causa.
El fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, imputaron a Abel Sánchez Torres y a Graciela Montesi, presidente y vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. También fueron imputados los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.
La causa investiga presuntos hechos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Será el juez Alejandro Sánchez Freytes quien deba analizar la solicitud del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por el momento rige el secreto de sumario.
La investigación tiene su origen en una denuncia realizada en septiembre del año pasado por Celina Laje Anaya, exsecretaria del tribunal. En el programa televisivo «Fuerte y Claro», Laje Anaya acusó a Sánchez Torres, Montesi y Olmedo de hostigamiento, coacción y abuso de autoridad tras negarse a firmar un certificado que consideró ilegal.
Según lo revelado en esa oportunidad, el pedido de Sánchez Torres habría tenido como objetivo influir en la conformación del tribunal en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la empresa cerealera Bunge. La investigación de los fiscales Turano y Hairabedián busca determinar si se violaron los reglamentos y si existió un intento de beneficiar a la empresa mediante distintas maniobras.