El gobernador Martín Llaryora anunció un refuerzo económico para entidades del sector, que atraviesan una crisis por la falta de pagos de programas nacionales. El fondo se aplicará para sostener las prestaciones básicas.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La medida busca aliviar la crítica situación financiera que atraviesa el sector, agravada por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Este miércoles, Llaryora junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió en el Centro Cívico a representantes de instituciones de la ciudad Capital y del interior. Tras una reunión de más de dos horas, donde las entidades expusieron su situación, el mandatario instruyó agilizar la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad.
«Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó Llaryora. Subrayó que la grave situación obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de pagos nacionales comprometidos, incluyendo prestaciones de PAMI.
En este sentido, el Gobernador instó a que se normalice el financiamiento nacional: «Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios». Remarcó la «necesidad urgente» de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad.
Por su parte, Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos». Anunció que se activará además un complemento para la alimentación en entidades con doble jornada.
La voz de las instituciones
Representantes del sector detallaron el complejo momento que atraviesan. Nicolás Herrera, de la Fundación Avenir, destacó: «Este anuncio es fundamental; marca la diferencia entre poder continuar brindando estos servicios o vernos obligados a interrumpirlos».
Marcela Rosales, gerente de la Fundación IRAM, valoró el espacio de diálogo: «Entender que la Provincia no puede hacerse cargo de todo». Leandro Ator, del Colectivo 3 de Diciembre, señaló una crisis sin precedentes en 25 años, agravada por las políticas nacionales en transporte.
Martín Passini, de Apadim, sostuvo que la ayuda es para «paliar esta situación momentáneamente», pero no reemplaza las responsabilidades nacionales. Leonardo Basconi, del Cottolengo Don Orione, rescató el valor del apoyo para «subsistir en un contexto tan crítico». Finalmente, Hugo Gerbaldo, de la Fundación Causana, alertó sobre la reducción de servicios y la migración de profesionales.
Todas las entidades vienen recibiendo acompañamiento provincial y participan en el Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.