Un análisis de las denuncias sobre pagos extra a funcionarios del Ejecutivo, en contraste con los ajustes en jubilaciones, salarios docentes y programas sociales en Córdoba y el país.
En las últimas semanas, diversas denuncias y declaraciones han puesto en el centro del debate la posible existencia de sobresueldos en el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Las versiones apuntan a pagos adicionales que recibirían altos funcionarios, mientras se mantienen restricciones presupuestarias en áreas clave como educación, salud y seguridad social.
El caso más resonante involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ha evitado responder directamente si percibe ingresos extra a su salario formal. En conferencias de prensa, cuando periodistas como Ariel Rodríguez de Cadena 3 le preguntaron si él, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Monteoliva cobraban sobresueldos, ninguno de los tres negó la existencia de esos pagos, limitándose a remitir la cuestión a la Justicia.
El politólogo Andrés Malamud, en una entrevista con Infobae, señaló que existen múltiples mecanismos para canalizar estos pagos, como fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cajas chicas, tarjetas corporativas de empresas públicas e incluso transferencias en criptomonedas a través de contratos de consultoría. El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) también afirmó que no tiene dudas sobre la existencia de sobresueldos y mencionó a la Fundación Faro como una posible estructura de intermediación.
Además, el Gobierno oficializó a principios de 2026 el decreto 931/25, que establece un «descongelamiento» salarial para más de mil funcionarios de primera línea, con una recomposición acumulada del 123,8% en cinco meses. Esto contrasta con la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo (39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026) y con la negativa a actualizar los salarios docentes universitarios y cumplir con la ley de financiamiento universitario.
En paralelo, la ejecución presupuestaria en la SIDE alcanzó el 18,5% en salarios, muy por encima del promedio del 9,2% del resto del Estado, y destinó 898 millones de pesos a gastos reservados, según un artículo de Perfil del 22 de febrero de 2026. Mientras tanto, organizaciones sociales y gremios de Córdoba han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones en los sectores más vulnerables.