El juez federal Luis Armella ordenó a la modelo y conductora Jésica Cirio que entregue su teléfono celular en un plazo de 24 horas, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, Martín Insaurralde.
El juez federal Luis Armella intimó a Jésica Cirio a que entregue, en un plazo de 24 horas, su teléfono celular, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a concejal, Martín Insaurralde.
Con esta orden, la Justicia pretende resguardar las grabaciones originales de los videos que se filtraron este último fin de semana, donde se observa a la conductora y modelo con fajos de miles de dólares, en el vestidor de la casa que compartía con el ex intendente de Lomas de Zamora, en San Vicente.
El objetivo es que el dispositivo de Cirio pueda peritarse para encontrar los archivos y, de esa manera, determinar su origen, la fecha exacta y el lugar donde se filmaron. Paralelamente, sus abogados defensores adelantaron que la modelo cumplirá con la orden y entregará el celular requerido por el tribunal.
Actualmente, y de acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los registros audiovisuales son analizados por la fiscalía federal de Lomas de Zamora y su titular, Sergio Mola.
Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual sufrió «manipulaciones digitales» y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.
Hasta el momento, Cirio está imputada en la causa contra Insaurralde por los delitos ya mencionados y, por ese motivo, esta investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.
En el marco de estas averiguaciones, la Justicia realizó allanamientos a sus propiedades para rastrear documentación y dinero, dado que la investigación apunta a determinar cómo adquirieron sus inmuebles y bienes personales.