El Juzgado Civil de Villa Carlos Paz determinó la responsabilidad del Estado provincial por falta de servicio y mala praxis judicial en una causa de abuso sexual que permaneció inactiva durante 17 años. La indemnización supera los $222 millones.
El Juzgado Civil de Villa Carlos Paz condenó al gobierno de la Provincia de Córdoba a indemnizar a una víctima de abuso sexual con una suma que asciende a $222.707.598,15, incluyendo intereses, costas y honorarios profesionales. La causa estuvo paralizada durante 17 años y terminó en la condena penal de un dirigente peronista de Traslasierra.
La resolución judicial, dictada por la jueza Viviana Rodríguez, determinó que existió una grave “falta de servicio” y una dilación injustificada por parte de los operadores judiciales de Villa Dolores, quienes mantuvieron el expediente archivado e inactivo durante casi dos décadas. La jueza se hizo cargo de la causa luego de que múltiples magistrados de la zona se inhibieran de intervenir.
Antecedentes del caso
Los hechos se remontan a 2005, cuando la víctima, identificada por sus iniciales M.A.R., denunció los abusos sexuales sufridos durante su minoría de edad a manos de Hugo Roberto Clavero, expresidente de la Cooperativa Cemdo, referente departamental del Partido Justicialista y estrecho colaborador del exlegislador Oscar González.
El expediente permaneció paralizado durante 17 años y fue reactivado recién en 2022. En 2024, la Cámara del Crimen sentenció a Clavero a 28 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y corrupción de menores. En el mismo juicio penal, la madre de la víctima, Analía Montenegro, recibió una pena de 16 años de cárcel en calidad de partícipe necesaria y por falso testimonio.
Fundamentos del fallo civil
En su resolución, la jueza Rodríguez señaló que la parálisis judicial vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima y recordó el estándar de debida diligencia reforzada que el Estado debe garantizar frente a delitos de abuso sexual en las infancias.
El monto a favor de la víctima se fijó en una base de $59,8 millones por daño moral, computada desde el momento de los hechos, cifra que con la actualización de intereses alcanza los $162.151.385,18. Con la adición de los honorarios para abogados y peritos, la erogación total que deberá afrontar la Provincia asciende a $222.707.598,15.
Funcionarios señalados y vía penal
La demanda civil, impulsada a comienzos de 2025 por los letrados Emiliano Binante y Germán Romero Marcón, apuntó contra cinco funcionarios judiciales que intervinieron en los tribunales de Villa Dolores a lo largo del proceso:
- Ricardo Ramón Romero Uez y Noemí Cattalina Bobbio de Bereta (ambos actualmente jubilados).
- Sergio Cuello y Raúl Alejandro Castro (actuales fiscales de Cámara en Villa Dolores).
- Lucrecia Zambrana (fiscal de instrucción en la misma circunscripción).
En paralelo, avanza una investigación penal a cargo de la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallaratto, para determinar si los magistrados y funcionarios incurrieron en delitos de acción pública como incumplimiento de los deberes o encubrimiento.
El abogado querellante Emiliano Binante declaró: “El Estado fue condenado por el encubrimiento y la actuación irregular de funcionarios de turno. Cuando estos errores u omisiones son pagados con recursos públicos, no pagan los responsables con su patrimonio: lo pagamos todos los cordobeses”. Binante reclamó mayores estándares de idoneidad y responsabilidad en el Poder Judicial.