jueves, 22 febrero, 2024
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Límites al aborto y a la violencia machista, empleo femenino y atención a hombres en crisis: la igualdad el 23J

Las mujeres van a ser claves en estas elecciones generales: más de 18 millones están llamadas a votar el próximo 23J. Sin embargo, las realidades y necesidades de las ciudadanas apenas se están visibilizando en esta campaña electoral, las promesas electorales parecen mayoritariamente dirigida a los varones: para ejemplo, el debate televisado de los dos candidatos favoritos (hombres), en el que apenas se lanzaron mensajes a las mujeres.

Cuando quedan apenas 10 días para las elecciones generales, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, analiza los programas electorales de los cuatro partidos políticos principales para poner el acento en las medidas específicamente dirigidas a mujeres, víctimas de violencias machistas y al colectivo LGTBI.

Violencia machista, corresponsabilidad y conciliación, empleo femenino, maternidad, aborto, masculinidades, colectivo LGTBI… el acercamiento a estas realidades varía enormemente entre unas formaciones y otras y son más numerosas en los programas de los partidos de izquierda.

PSOE: Aumento de pensiones mínimas y abolición de la prostitución

El Partido Socialista recoge diversas medidas para ampliar la lucha contra las violencias machistas: culminar cuanto antes los trabajos de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, trabajar en que el Sistema Nacional de Salud implante un cribado universal para la detección precoz del maltrato, abordar la violencia digital (especialmente entre los jóvenes), crear unidades de valoración forense y de juzgados especializados en todo el territorio y garantizar dotación presupuestaria suficiente son algunas de ellas.

También extender las ayudas a los huérfanos de la violencia machista hasta que cumplan 26 años, poner en marcha un plan de intervención en el medio rural y perfeccionar la atención a las víctimas más vulnerables, incluidas mujeres y niñas con discapacidad. Para incidir en la prevención, programa aprobar por ley una iniciativa que impida a los menores acceder al porno, así como reforzar la educación sexual.

Son varios los proyectos que no dio tiempo a que vieran la luz en esta legislatura y que el PSOE rescata en su programa electoral para la siguiente como son la ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión y la ley contra el proxenetismo, con la que iniciaría un camino abolicionista.

El PSOE se compromete a actuar contra las agencias que promocionan y hacen negocio con los vientres de alquiler, a garantizar el derecho al aborto en igualdad en todas las comunidades autónomas y a poner en marcha «zonas de seguridad» en torno a las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo.

Afirma que subirá la pensión mínima, que tienen mayoritariamente mujeres, hasta alcanzar la media europea. Propone un incremento del 10 % adicional para el bieno 2026-2027.

Asociadas al trabajo y la conciliación, medidas como un plan nacional para el trabajo flexible con reformas legales e incentivos a empresas que permitan establecer jornadas híbridas de trabajo presencial y en remoto y la posibilidad de concentrar la jornada laboral en cuatro días; un pacto social por la racionalización de horarios y el fortalecimiento de la red pública de cuidados con un aumento de la oferta de centros de días y de cuidados de larga duración.

Entre sus planes, ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas, implantar permisos retribuidos para los cuidados (sin precisar cuáles) y la universalización de la educación de 0 a 3 años-

En materia de empleo, plantea crear una Oficina Estatal de lucha contra discriminación en la Inspección de Trabajo, actualizar la ley de prevención de riesgos laborales para incorporar en ella la perspectiva de género y reconocer como enfermedades profesionales aquellas que aquejan a las camareras de piso y a las trabajadoras de atención a la dependencia o de la limpieza.

Dadas las diferencias de género en la salud, los socialistas quieren desarrollar una estrategia para formar a los sanitarios del Sistema Nacional de Salud en las desigualdades existentes entre hombres y mujeres; otra contra la medialización y por la salud mental contra la sobremedicación que afecta fundanmentalmente a mujeres y elaborar un catálogo de las diferencias sintomáticas en cada sexo en las enfermedades más frecuentes o con mayor índice de mortalidad o invalidez.

Iniciativas dirigidas a la implicación de hombres en la prevención de las violencias machistas o la creación de un sistema de certificación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que respeten la neutraliad y la ausencia de sesgos de género son otras medidas del programa socialista.

El socialismo también pretende impulsar un Pacto de Estado contra la LGTBIfobia, tipificar las terapias de conversión como delito en el Código Penal y favorecer el acceso de las familias LGTBI a los procedimiento de acogida de menores tutelados.

PP: Recorte del aborto y Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Partido Popular se encamina hacia el 23J con un programa conservador en lo tocante a igualdad y alineado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los populares quieren recuperar la exigencia de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar y hablan de «garantizar el derecho a la objeción de conciencia» sin detallar qué cambios aspiran a introducir en este sentido.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se comrpomete a poner en marcha el desempleo femenino para reducir a la mitad la brecha de participación de hombres y mujeres en el mercado laboral en la próxima legislatura, con la promoción de contratos indefinidos a las madres trabajadoras. También impulsará planes de igualdad para fomentar el empleo y el emprendimiento de las mujeres y ofrece bonificaciones de las cotizaciones en sectores masculinizados que las contraten, o bien tras el cuidado de menores o personas dependientes.

Para facilitar la conciliación, plantea una educación de 0 a 3 años gratuita y universal cofinanciada al 50 % por el Estado y las comunidades autónomas, la ampliación del horario de los centros escolares y la apertura de «casas nido» y casas de mayores en los municipios rurales.

Otras promesas son potenciar la flexibilidad laboral y la puesta en marcha de un banco de horas en las empresas que permitan a trabajadores y trabajadoras atender imprevistos, un permiso de cuatro meses para progenitores con hijos de hasta ocho años (sin precisar si será remunerado).

El PP ofrece aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo desde el quinto mes de embarazo, extender los beneficios de las familias numerosas hasta que el hijo menor tenga 26 años, bonificar hasta el 45 % las cuotas de la seguridad social para la contratación de trabajadoras del hogar y amplir los permisos de paternidad y maternidad de familias monomarentales.

Prometen los populares que el Convenio de Estambul va a orientar «todos los avances en la lucha contra la violencia de género» y que cumplirá y actualizará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: con legislación contra la violencia digital, reforzando la respuesta al maltrato que afecta a chicas menores de edad, y con la ampliación de competencias de los juzgados de violencia contra la mujer para que juzguen delitos sexuales y el resto de violencias recogidas en Estambul.

Impulsarán una ley contra la trata con fines de explotación sexual y perseguirán el proxenetismo, reforzarán las unidades policiales de Mujer y Familia (UFAM de Policía Nacional y EMUME de Guardia Civil) y dotarán «con personal y recursos suficientes» las Oficinas de Atención a las Víctimas y la Unidades de Valoración Forense Integral.

Aspiran a proteger a los menores de la pornografía mediante procedimientos de verificación de edad «verdaderamente eficaces».

En cuanto al colectivo LGTBI, los populares son escuestos en sus propuestas. Plantean la derogación de ley trans para aprobar otra nueva que, afirma, será resultado «del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso» y se alejará de las «posiciones más extremas» hacua «la máxuma prudencia para conciliar la expresión de la identidad personal con el cuidado a las mujeres, a la infancia y a las familias». En este ámbito, pretenden expulsar a las deportistas trans de las competiciones deportivas

Por último, para combatir la discriminación, hablan de protocolos educativos para que «ningún menor sufra exclusión o humillación alguna».

Sumar: derecho al cuidado y al tiempo y atención a hombres en crisis

La coalición electoral liderada por Yolanda Díaz quiere que el próximo Gobierno tenga una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados y una de las medidas más llamativas que propone es la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica para hombres en crisis, que busque alternativas no violentas y pueda trabajar otras formas de masculinidades.

Sumar promete que aprobará una ley del derecho universal al cuidado que apueste por un sistema público de forma que la mayor parte de las tareas de cuidados la presten de forma directa entidades públicas, que creará un permiso remunerado de diez semanas para los padres y madres de menores de hasta 12 años y otro permiso para visitas médicas de hijos y familiares. También ampliar el permiso de maternidad de las familias monomarentales a las 32 semanas y garantizar la cobertura del 90 % de plazas públicas en escuelas infantiles para menores de 0 a 3 años.

Las medidas de empleo tienen que ver con cerrar las brechas de género (incluida la de las pensiones con un aumento de las mínimas y las de viudedad): subir el salario mínimo, reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin pérdida de salario, flexibilizar el horario de trabajo (y limitar las jornadas partidas a una única interrupción máxima de una hora), facilitar el teletrabajo y reforzar el control horario. Plantea un plan de choque contra la precariedad en sectores extremadamente feminizados y actualizar el listado de las enfermedades profesionales de las trabajadoras.

Al igual que el PSOE, prevén incluir planes de perspectiva de género en la salud para revisar los enfoques androcéntricos en la atención primaria que dificultan el diagnóstico y tratamiento adecuado de las mujeres. En materia sanitaria, proponen asimismo que la cobertura de los tratamientos de reproducción asistida se amplíen a los 45 años.

Legislar contra la violencia económica contra las mujeres y contra la violencia digital, aprobar una ley integral contra la trata y crear un plan contra la violencia institucional contra las mujeres son sus apuestas en materia de violencias machistas.

Su mirada va más allá y pone encima de la mesa la protección de las víctimas de violencia intragénero (de parejas del mismo sexo) y avanzar en el reconocimiento de la «multiparentalidad», «para que los menores de edad que crecen en familias reconstituidas estén protegidos legalmente». «Facilitaremos reconocimientos registrales y evaluar la posibilidad de adoptar, acoger y tutelar menores por un núcleo de más de dos personas», dice el programa de Sumar.

Destinadas al colectivo LGTBI promesas como un Pacto de Estado contra los discursos de odio, la formación de justicia y cuerpos policiales en lgtbifobia (que será reconocida asimismo como riesgo social en el empleo), políticas activas de inserción laboral y un protocolo sanitario que evite cualquier discriminación y violencia y garantice a las personas trans el acceso a tratamientos completos de identidad de género en el sistema público.

Vox: derogación de la lucha contra las violencias machistas y mujeres-madre

La ultraderecha propone un programa electoral de igualdad cimentado en dos pilares: consideración de las mujeres como elementos necesarios de la natalidad (mujeres-madre) y eliminación de todas las leyes que combaten las violencias maschistas, erradicación de cualquier cuota por sexos y derogación de las leyes del aborto y trans.

Sus medidas propositivas consisten en su mayoría en acabar con la estructura legal que España ha puesto en marcha desde los primeros 2000 para combatir la desigualdad. El partido liderado por Santiago Abascal promete que derogará la ley contra la violencia de género (para sustituirla por una genérica de «violencia en el ámbito doméstico», negando el carácter estructural del machismo violento en contra de lo establecido por el Convenio de Estambul).

En esta línea, también quiere eliminar los juzgados específicos de violencia sobre la mujer, así como la fiscalía especializada de violencia sobre la mujer, que quedaría integrada en una de asuntos de familia.

Y plantea derogar la ley del sólo sí es sí, contra la violencia sexual ejercida contra mujeres y menores. En este ámbito, su propuesta consiste en aumentar las penas a los agresores sexuales hasta la prisión permanente revisable e identificar «a los violadores que han salido en libertad», sin precisar si lo harán mediante un registro público.

Entre sus ambiciones, imponer la custodia compartida de hijos e hijas como regla general en caso de separación (algo que la ley impide actualmente por ejemplo en casos de violencia de género y/o doméstica) e impulsar «políticas que permitan la estabilidad familiar». En este sentido, eliminarán el Ministerio de Igualdad para sustituirlo por uno de Familia.

La familia y la identificación de las mujeres como madres están muy presentes en el programa electoral de Vox, que quiere prohibir el aborto, acabar con la penalización del acoso que tiene lugar en las inmediaciones de los centros donde se practican intervenciones voluntarias del embarazo, con los registros de médicos objetores de conciencia y poner en marcha un protocolo para que toda mujer embarazada que no quiera continuar con la gestación tenga que recibir información sobre ayudas para manutención y cuidado de hijos, así como para darle opción de recibir terapia, escuchar el latido fetal y asistir a una ecografía en 4D, al igual que quisieron hacer en Castilla y León. Además, ese protocolo también obligará a informar de qué se va a hacer con los restos del feto muerto.

Seguir adelante con el embarazo como prioridad: «Garantizaremos la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático e inesperado y promoveremos la adopción nacional y el acogimiento familiar como alternativa al aborto», dice el programa, que también rechaza los vientres de alquiler.

La extrema derecha expone que combatirá la «brecha maternal» implementando bonificaciones fiscales a las empresas que contraten a mujeres que sean madres. Reducirán el IVA de productos de primera infancia, como pañales o leche de fórmula, e incluyen deducibilidad fiscal por contratación de personas cuidadoras de dependientes.

La fiscalidad dependerá del número de hijos de cada familia. Además, aparece el conocido como «pin parental», de manera que cualquier contenido afectivosexual en el contexto educativo deberá contar con «el conocimiento previo y aceptación de los padres». «Garantizaremos por ley la protección de los menores en edad escolar, sabncionando con extrema dureza las actividaes de adoctrinamiento y corrupción que atenten contra la infancia».

En este paquete electoral, la promesa de derogar «toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación o identidad sexaual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición». Entre ella, la ley trans, y sumar a esta derogación la prohibición a las mujeres trans de participar en competiciones deportivas femeninas y el acceso a plazas de funcionarias.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico [email protected] y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

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