martes, 25 junio, 2024
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Chile: se aprobó una ley de usurpaciones que permitirá que los dueños recuperen a la fuerza propiedades ocupadas

El gobierno informó que vetará al cuestionado artículo que permite la legítima defensa privilegiada en situación de flagrancia porque, según considera, que es una bomba de tiempo.

El Senado de Chile aprobó y dejó listo para su promulgación la controvertida ley de usurpaciones que la Cámara de Diputados había aprobado hace un par de semanas, según informa Infobae.

De todas maneras, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá; como el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, remarcaron que, así como está, se presentará un veto presidencial.

La ley de usurpaciones busca acrecentar las penas para quienes toman u ocupan sitios o viviendas, y el objetivo era convertir esto en delitos, ya que hasta el momento solo se la consideran como faltas. 

Pero hay dos indicaciones que surgieron en el transcurso de la discusión del proyecto, y que fueron presentadas por la oposición, que no contaron con la aceptación en el gobierno.

Se introdujeron dos figuras jurídicas, una es la flagrancia permanente, y la otra es la llamada legítima defensa privilegiada. Esto último, el gobierno lo entiende como “autotutela”, e implica la posibilidad de que los mismos afectados puedan recuperar lo usurpado a la fuerza. 

“Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente, en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia”, explicó la ministra Tohá, quien aclaró que el veto solo es para el artículo que permite la legítima defensa privilegiada. 

Hay un tercer punto que es menos controvertido que lo anterior, pero que tampoco acepta el Gobierno de Chile, y es que las penas que sugiere la ley son rígidas, independiente de que el inmueble se haya tomado a la fuerza o de alguna forma más pacífica, lo que se entiende que sería un problema con el tema de los campamentos.

De aquí en adelante, el gobierno tiene 30 días para presentar el anunciado veto, aunque desde ya se avizora la instalación de una mesa técnica que permita trabajar sobre esas diferencias antes de ingresar el veto y buscar una alguna solución intermedia.

Fuente y foto: Infobae

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