La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el organismo encargado de regular el mercado de seguros, por ahora no siente las esquirlas del escándalo que envuelve a Nación Seguros, por la intermediación y el pago millonario a brokers que cobraron comisiones exorbitantes, por encima del valor del mercado por contratos en decenas de organismos del Estado. Fuentes oficiales señalan, no obstante, que el organismo no avanzó con una investigación y en el ente regulador niegan que la Jefatura de Gabinete quiera quedarse con ese lugar estratégico.
“Estamos contestando y acatando todos los requerimientos judiciales y no queremos obstaculizar el proceso hasta que se expida la Justicia”, señalan en el equipo de Guillermo Plate, que llegó a la presidencia de la SSN de la mano de Luis Caputo y que ya se había desempeñado como vicepresidente del organismo en tiempos de Mauricio Macri, cuando su titular era Juan Pazos, actual mano derecha del ministro de Economía y secretario de Coordinación Productiva de la Cartera.
Fuentes oficiales del organismo destacan que hasta el momento han contestado y acatado todos los requerimientos judiciales y enfatizan que no quieren obstaculizar el proceso hasta que se expida la Justicia. “Todos los oficios fueron contestados con la información requerida”, señalaron ante la consulta de Clarín.
El juez Julián Ercolini ya solicitó a unas 28 compañías aseguradoras que remitieran las pólizas emitidas en las que participaron los brokers sospechados y ordenó allanamientos en 45 organismos del Estado.
En Nación Seguros subrayan, no obstante, que no hubo requerimientos especiales de la Superintendencia y que el Ejecutivo no tiene ninguna otra atribución por tratarse de una empresa estatal, porque recuerdan que se trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) -que está regulada por la ley 19550 de sociedades.
En el Gobierno enfatizan que la empresa estatal de seguros que preside Alfonso Torres no tuvo requerimientos especiales de la autoridad de aplicación a pesar de que este fin de semana fueron obligados a renunciar el gerente general de la compañía y el gerente de compras, Mauro Tanos y Marcos Eufemio. Ambos venían de la gestión anterior, fueron reconfirmados por las nuevas autoridades y terminaron imputados y allanados en la causa que instruye el fiscal Carlos Rivolo.
En algunos despachos oficiales comenzaron a sonar versiones que sugieren que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quiere nombrar gente propia en ese cargo clave de la Superintendencia de Seguros. En el organismo lo niegan de cuajo. El ministro coordinador ya logró imponer cambios en organismos clave como la Superintendencia de Salud y en la secretaría de Trabajo, decisiones que provocaron el malestar de Patricia Bullrich y de Sandra Pettovello en su momento.
En las oficinas más importantes del Banco Nación destacan que por ahora no reemplazarán a los gerentes despedidos. Tampoco nombraron al directorio de la compañía de seguros. Esperan el decreto presidencial que anule el de Alberto Fernández que abrió el juego a los brokers y permita que los organismos del Estado puedan contratar a empresas privadas del sector. El Gobierno había incluido a la empresa en el lote de las que quería privatizar en la ley ómnibus.
Alberto Fernández obligó a todos los organismos dependientes del Gobierno nacional a asegurar sus operaciones con Nación Seguros. La operación está siendo investigada por el juez federal Julián Ercolini, quien imputó entre otros al ex Presidente.
Fernández ordenó monopolizar los seguros públicos en el Nación, pero a la vez permitió dos cosas: designar brokers entre el banco y las dependencias estatales que no tenían ninguna razón de ser y autorizar al Nación a tercerizar esos seguros, como en el caso de la ANSeS y Gendarmería, maniobras que están siendo examinadas por la Justicia.
El escándalo con los seguros fue revelado por Clarín cuando describió el contrato firmado por la ANSeS con Nación Seguros para los jubilados y pensionados a los que daba créditos. La operación fue inicialmente por $20.000 millones además de una comisión de más de $3.000 anuales, tres veces más que las usuales del mercado, para el broker Pablo Torres García, con fuertes vínculos con Sergio Massa y el dirigente macrista Nicolás Caputo.
El cargo que actualmente tiene Plate fue ocupado por Alberto Fernández durante la presidencia de Carlos Menem, cuando la SSN tenía otro nombre: entonces se llamaba Instituto Nacional de Reaseguros.
En la SSN destacan la normativa que regula su competencia y el régimen de productores asesores de seguros es el decreto Ley N º 22.400 de 1981, que lleva la firma de Videla y de Martínez de Hoz.
El artículo 5 deja abierta una ventana para que la SSN intervenga “en los casos que considere necesarios” en la fijación de un máximo o mínimo en las comisiones que perciben los productores de seguros. El caso de Nación Seguros por tratarse de una empresa de capital estatal podría ser una de las excepciones.
En el mercado asegurador y los gremios marcan de Plate su conocimiento del mercado, que no le resulta ajeno. Abogado de formación, también había pasado por el Bapro y Provincia ART durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense.
Fuentes del sector señalan que las responsabilidades de Plate son limitadas. «La SSN no regula el negocio sino las condiciones que se exigen para que funcionen las aseguradoras, los montos mínimos de capitalización y el cumplimiento de pago de siniestros con asegurados. No regula la comercialización de las pólizas ni las comisiones que son variables y a veces están disfrazadas de gastos”, señala un jugador importante del sector.