Tabacalera Sarandí resiste en la justicia contra la AFIP del actual gobierno para evitar un sistema de control digital de las estampillas que se aplican a los productos que su compañía pone a la venta. La justicia del fuero Contencioso Administrativo intimó al organismo que dirige Florencia Misrahi para que le entregue más estampillas a la empresa. El organismo recaudador acudió a la justicia para pedir que se anule esa medida: sostiene que Pablo Otero tiene estampillas para cubrir tres meses de producción de cigarrillos, que debe -en todo caso- cumplir con la Ley y ajustarse al nuevo sistema de control que busca detectar rápidamente el uso de instrumentos fiscales falsos, delito por el que fue denunciado Otero, conocido como el “señor del Tabaco”.
A mediados del 2023, la AFIP dispuso cambiar las estampillas fiscales que se observan en los paquetes de cigarrillos. Se denominan Instrumentos Fiscales de Control (IFC), porque permiten verificar el pago de los impuestos por cada atado que se vende. Sin embargo, el “señor del Tabaco” busca seguir bajo el antiguo sistema, por el que fue denunciado en reiteradas ocasiones a causa de evasión impositiva por el uso de estampillas falsas.
Otero llevó la discusión a la justicia. Acusó a la AFIP del gobierno de Javier Milei de “desobediencia” tras la intimación del juez Enrique Lavie Pico, el mismo que concedió las medidas cautelares a favor de Otero para que no pague el impuesto interno mínimo.
Tabacalera Sarandí tambié sostiene en sus reiteradas presentaciones judiciales que el organismo recaudador aplica un “retaceo injustificado de instrumentos fiscales de control”, es decir de las estampillas, y que con esa decisión “pone en gravedad la continuidad del giro comercial de la empresa”.
Estos argumentos fueron rechazados por la abogada de la AFIP-DGI, María del Rosario Creixent Laborde, quien explicó que a la empresa del “señor del Tabaco” se le relevó el Libro Oficial de Valores Fiscales y así se constató que tenía un total de IFC 54.438.010 Azul para paquetes de 20 cigarrillos y, FC 3.898.054 Verdes para paquetes de 10 cigarrillos.
Todas esas estampillas que ya tiene Tabacalera Sarandí “resultan aptas para el proceso productivo. Indicando además que la citada empresa a la fecha continúa fabricando y expendiendo paquetes de cigarrillos con los IFC recién mencionados”, explicó la AFIP.
El fisco de La Libertad Avanza analizó las ventas a la empresa de Otero durante los últimos 12 meses, y verificó que el expendio promedio mensual de Sarandí es de 42.136.889 paquetes de 20 cigarrillos y 1.789.958 paquetes de 10 cigarrillos, “por lo que el stock actual de IFC le permitiría a la firma tabacalera hacer frente a una producción aproximada de tres meses”.
Nuevo sistema, más controles
Las estampillas fiscales están en proceso de modificación. En enero pasado se puso en marcha un nuevo sistema de instrumentos fiscales que permiten mayor control. Si Pablo Otero continúa acopiando IFC seguirá durante muchos meses más bajo el antiguo sistema, el mismo por el cual fue denunciado por la AFIP por los delitos de evasión impositiva y uso de estampillas apócrifas. Esto posibilita que se venda el producto sin el pago correspondiente de los impuestos.
Desde Tabacalera Sarandí reiteran que como su marca Red Point es una de las más vendidas, sus paquetes ser falsifican y en ese proceso se aplican sellos fiscales apócrifos. “Nunca en nuestras plantas encontraron estampillas falsas”, insisten.
Pero las hipótesis de investigación en varios expedientes judiciales son otras. De hecho, como contó Clarín en el marco del expediente radicado en Mar del Plata, en un muestreo peritado de productos secuestrados tras un allanamiento a la planta de la tabacalera, se detectaron estampillas falsas.
El dato no es aislado. Cuando Casa de la Moneda y la AFIP informaron la actualización de estampillas para el tabaco, se confirmó que las mismas exponían “tendencias de vulnerabilidad a partir de los peritajes efectuados en 2021 y 2022”.
En el documento oficial que notificaba del nuevo sistema, se detalló que en ese período se peritaron 106.798 de estampillas, de las cuales resultaron apócrifas 97.232.: el 91,04%.
Ante estos resultados, Casa de la Moneda y AFIP anunciaron que actualizarán las estampillas “para garantizar la autenticidad e integridad de cada unidad”. A esto se suma la incorporación de herramientas tecnológicas “para asegurar la identidad de cada producto etiquetado”.
¿La finalidad de todo esto? El documento oficial habla de “combatir el contrabando y la falsificación”. La resolución de la AFIP que exigió la implementación de las nuevas estampillas y con ellas un nuevo sólo alcanzó a algunas tabacaleras.
Sin embargo, Tabacalera Sarandí no entró en el listado de compañías de la industria que se encuentran tributando bajo el nuevo sistema de control.
La responsable de homologar y proveer los dispositivos y softwares necesarios, así como también el plan de acción a cada empresa tabacalera, es Casa de la Moneda.
Se trata de mejorar el sistema en el control y trazabilidad del producto fabricado, cómo se declara el mismo ante la AFIP y cuál es el precio de venta. Justamente, las estampillas apócrifas generan un valor declarado que no es real, lo que produce una menor recaudación para el fisco.
La respuesta de AFIP
Frente a este panorama, la AFIP señaló ante el juez Lavié Pico que si Tabacalera Sarandí quiere más IFC, “debe homologar su producción con los nuevos IFC físico digitales en la Casa de Moneda, conforme las resoluciones generales”, emitidas por el órgano de aplicación.
El fisco sostiene que la que incumple es la firma de Otero. “Se verifica con claridad que la empresa posee el stock suficiente para poder comercializar su producción (sumados los IFC de ambas resoluciones, más de 3 meses en ambos casos) y que existe de su parte un incumplimiento de la normativa aplicable al caso al no haber homologado su producción con los nuevos IFC físico digitales en la Casa de Moneda.
La normativa vigente establece que el pedido de instrumentos fiscales debe hacerse de forma online detallando cuántos IFC se piden y para qué productos, previa declaración ante la AFIP. Una vez presentado el pedido, el mismo “estará supeditado al comportamiento fiscal del solicitante y al cumplimiento de toda normativa vigente aplicable”, indica la resolución que especifica una serie de pasos a seguir para que Casa de la Moneda homologue y entregue las estampillas.
En función de ese recorrido administrativo, la AFIP le respondió a Sarandí ante la justicia que lo que la tabacalera “indica como una reticencia (por no entregar más estampillas) de mi parte no es tal, sino que existe un procedimiento legal específico que regula la entrega de los IFC solicitados por la parte actora, en donde debe tenerse en especial consideración la normativa” que rige este sistema de control.
Este reclamo que Sarandí llevó a la justicia para continuar bajo el antiguo sistema de estampillas fiscales, se suma a otros planteos que terminaron en manos del mismo juez, Enrique Lavié Pico.
Medidas cautelares y crecimiento millonario
La compañía de Pablo Otero, denominado el Señor del Tabaco, obtuvo durante los últimos años una serie de medidas cautelares para no pagar a la AFIP el impuesto mínimo interno. Esto, según los estudios oficiales, le permitió manejar ingresos que lo posicionaron en el mercado: en los últimos ocho años pasó del 5% al 30,86% de las ventas.
Tan sólo durante 2023 las medidas cautelares otorgadas generaron una pérdida anual directa de recursos para el país de casi 798 millones de dólares, según estimaciones privadas. Es por las resoluciones judiciales que en la práctica avalan la posición de Pablo Otero, quien sostiene que su empresa no evade impuestos, sino que no abona el gravamen alcanzado por una acción judicial.
La elusión del impuesto interno mínimo por parte de algunas tabacaleras, como Sarandí, posibilita que eviten el piso de precio y puedan vender mucho más barato que las compañías que cumplen con la ley fiscal.
Desde ciertos sectores de la industria calculan que la declaración de precios por parte de Tabacalera Sarandí es “completamente distorsionada». Esto es, ante el fisco declara y tributa por sus productos: Red Point $656, Master $568, Kiel $525; “mientras esos productos se comercializan alrededor de los $1000 a $1200 en los kioscos. Es decir que entre 600 y 700 pesos por atado los ganan de manera informal y por fuera de la Ley”, analizan especialistas del sector.
Según un informe de la consultora ABECEB, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos generando una «pérdida de recaudación al Estado Nacional que entre 2018 y 2023 acumuló 5.823 millones de dólares.»