De momento no he dado en la diana con el personaje instrumental para hacerlo, pero acerté en lo fundamental: el juez Juan Carlos Peinado quiere incorporar por enésima vez, en este «ambiente fin de época», el rescate de Air Europa a su investigación sobre Begoña Gómez.
La sección 23 de la Audiencia de Madrid que le apoya, guía, y hasta perfecciona, en el asunto de los trabajos presuntamente irregulares de su asistenta Cristina Álvarez, aquí, en Air Europa, le ha vedado varias veces indagar.
José Luis Ábalos y Koldo García se ganan la vida con entrevistas al sindicato mediático judicial que alimenta la campaña de la caída de Pedro Sánchez aportando, hasta el momento, madera mojada, enlatada antes de ser enviados durante una larga temporada a la sombra en la prisión de Soto del Real.
Y todo está tan orquestado que ni siquiera se intenta disimular. Con todo, uno puede decir, por ejempo, que el diario El País, se muestra dispuesto a comprar. Apunta el pasado domingo el caso Begoña Gómez en un «mapa de la corrupción que acorrala el PSOE»
Que se sepa Begoña Gómez empezó con sus actividades antes de llegar Sánchez a la Secretaría General del partido y las mismas ¿en qué salpicarían penalmente al partido?
Una cosa es que el juez Ismael Moreno, según solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, haya exigido al PSOE todas las facturas de pagos en metálico entre 1997 y 2024- típica expedición prospectiva -retrospectiva de una Fiscalía Anticorrupción que siempre abominó de investigaciones prospectivas – y otra que el citado medio y muchos inserte la factura Begoña Gómez en la corrupción del PSOE.
Ábalos y Koldo se despidieron de la vida en libertad para ingresar en Soto del Real, haciendo énfasis en Begoña Gómez y Air Europa.
Entonces apunté: ahora el juez Peinado puede sostener que esos son «hechos nuevos» e invitar a Ábalos y Koldo a pasarse por el juzgado 41 de Madrid y contarle esos «hechos nuevos».
Acerté en su inminente nuevo deseo de incorporar el rescate de Air Europa a su causa general sobre Begoña Gómez, pero no en las personas. Ahora le ha enviado a la UCO un informe-denuncia de un abogado -Eduardo Martín-Duarte Rosa- en el que se sostiene que Begoña Gómez tiene a su nombre cinco depósitos bancarios en bancos turcos con un valor aproximado de seis millones de euros y que esos fondos procederían de la entidad rusa Alfa Bank.
Resulta que sin admitir la personacion de Martín-Duarte en la causa de Begoña Gómez, el juez envía su informe-denuncia a la UCO a ver si encuentra esos «hechos nuevos» que le exigen a Peinado los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para levantar la veda a investigar Air Europa.
El PSOE y varios miembros del Gobierno ya fueron denunciados por Martín-Duarte. Según su denuncia de diciembre de 2024, tenían cuentas en bancos de la República Dominicana: María Jesús Montero, Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Pilar Alegría, Luis Planas, Cristina Narbona o Rafael Simancas.
El PSOE a través de Patxi López, portavoz parlamentario del partido, presentó una denuncia penal por denuncia y acusación falsa el pasado 10 de junio (ver foto). El juzgado a cargo es el de instrucción número 12 de Madrid. Pero no parece haber novedades sobre la instrucción de la citada denuncia.
Imagen denuncia / Redacción
Eduardo Martín-Duarte, según fuentes judiciales, es un émulo del juez Fernando Presencia, quien fuera enviado a prisión en 2023 por acusar falsamente a jueces de la Sala Penal del Supremo de tener cuentas bancarias en el extranjero con cantidades millonarias.
El juez Peinado, no va abandonar su deseo de añadir a su causa de Begoña Gómez el rescate de Air Europa, según fuentes judiciales. Ahora pretende, pues, conseguir el aval de una UCO lanzada allí donde Martín-Duarte ya fracasó: Fiscalía Anticorrupción y Sala Penal del Tribunal Supremo archivaron sus denuncias anteriores.
En su día, 23 de abril de 2014, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, nos habló de la policía judicial el 23 de durante su comparecencia en el Congreso de Diputados.
“Me gusta ser muy sincero y tengo que decir que en España las causas más complejas no las instruye el juez de instrucción, que es independiente ni el Ministerio Fiscal, sino que por lo general nos vienen precocinadas por la labor de policía que cumple sus funciones, pero que no tiene el estatuto de los países anglosajones y de la Agencia Tributaria, con lo cual después la capacidad de filtraje crítico de los que nos viene resulta siempre muy limitado. De ahí nuestra insistencia para la creación de un modelo en el que la Policía judicial y la Agencia Tributaria dependan en mayor medida, no del control, sino de la dirección, que es muy distinto, del Ministerio Fiscal”
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