El Gobierno provincial reclama la homologación de la emergencia agropecuaria mientras la Nación oficializó la medida para otras provincias.
La relación entre el agro cordobés y el Gobierno nacional mostró esta semana tensiones que combinan expectativa, desconfianza y reclamos abiertos. La agenda pública nacional quedó supeditada a los anuncios del presidente Javier Milei sobre una futura baja de retenciones, pero en la provincia de Córdoba aseguran que la urgencia principal es la situación de emergencia que atraviesan diversas zonas productivas, que continúan excluidas del régimen nacional de asistencia.
El malestar se suma por los miles de millones de dólares que el sector aporta en concepto de retenciones y que, según remarcan desde el Centro Cívico, no retornan al territorio en ningún tipo de beneficio.
El descontento se profundizó luego de que el Ministerio de Economía de la Nación oficializara la declaración de emergencia y desastre agropecuario para las provincias de Chubut, Mendoza y Santa Cruz, mientras que Córdoba aún aguarda la homologación del pedido elevado por el Gobierno provincial. Esta demora fue interpretada tanto por la administración local como por las entidades rurales como una señal de desatención hacia uno de los principales motores productivos del país.
Desde el oficialismo cordobés recalcaron que el procedimiento administrativo formal ya fue cumplido y que solo resta la resolución de la Casa Rosada. Incluso entre quienes prevén que la homologación administrativa llegará en el corto plazo, predomina una sensación de resignación respecto al verdadero impacto de la medida, a la que definen como un simple diferimiento impositivo de escaso alcance para los productores damnificados.
La crítica apunta también al vaciamiento de las herramientas de asistencia, denunciando que el histórico Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria ha desaparecido. Ante la falta de acompañamiento nacional, la provincia busca contrastar mediante la exposición de herramientas propias, tales como un plan piloto de seguro multirriesgo climático, entregado sin costo a productores adheridos al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, el cual se proyecta como un modelo clave para el sector.