El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha enmarcado este miércoles las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía en la pandemia, a una «estrategia desesperada» del PSOE andaluz, que «no levanta cabeza electoralmente».
En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla capital, Sanz ha mostrado su «máxima confianza» en la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la responsable de dicha plataforma y directora del hospital, Valle García. «Todo va a quedar aclarado«, ha adelantado el consejero, que ha calificado de «pobreza política» la querella criminal presentada por el PSOE. «El PSOE no tiene capacidad de propuestas más allá de poner denuncias sin ton ni son», ha dicho el consejero, para el que «la duda» del PSOE «no es si ganará las elecciones sino si será tercera fuerza política» en las próximas autonómicas.
«Respeto y máxima colaboración» con la Justicia
En relación a las diligencias abiertas, Sanz ha mostrado su «confianza en los juzgados» tras expresa su «respeto y máxima colaboración» con la Justicia. Según recoge el citado magistrado en un auto al que ha accedido Europa Press, las presentes actuaciones iniciadas por el juzgado son la consecuencia de la «querella criminal interpuesta por el PSOE, inicialmente dirigida contra Valle García, en su condición en fecha de autos de directora gerente» de la mencionada plataforma del SAS.
La querella, que se presentó el pasado 30 de octubre de 2025, hace referencia a «la existencia de numerosas irregularidades, basadas en esencia en la injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes, como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos púbicos destinados a las distintas áreas de la competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021″.
En concreto, la querella parte de la base de un documento al que habría tenido acceso el PSOE, denominado ‘Informes definitivos de cumplimiento’, «emitidos por la Intervención Provincial del SAS de fechas, respectivamente, 30 de septiembre de 2022 y 30 de mayo de 2024».
En base a dicha documentación y a los hechos que se exponen en el escrito de interposición de querella, el PSOE considera que «se habían cometido delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de falsedad, de fraude en la contratación pública y de pertenencia a organización criminal».
Diligencias de investigación en el juzgado
Como consecuencia de ello, el magistrado ha acordado, «de momento, la práctica» de diversas «diligencias de investigación«, comenzando por la de librar «oficio al Servicio Jurídico del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba para que, por quien corresponda de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofía, Centro de Gasto 3980 del Servicio Andaluz de Salud, por conducto del Servicio Jurídico del SAS, se remitan a este juzgado copias íntegras de los expedientes de contratación administrativa respecto de los que se ha acordado la incoación de las presentes diligencias previas».
Junto a ello y según se estipula en el auto judicial, el magistrado reclama que, «por la Intervención Provincial del SAS en Córdoba se aporte» al juzgado «copia de los informes emitidos por cada uno de los expedientes» que son «objeto de investigación, así como las alegaciones o justificaciones que se hubieran presentado durante su tramitación».
Igualmente, se libra «oficio al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba para que emita informe sobre los siguientes extremos, referidos todos a los expedientes administrativos objeto de investigación en la presente causa», en primer término «sobre la normativa de carácter general o específica determinada por la propia dirección del organismo u órganos superiores en relación con la tramitación de expedientes de contratación, la opción por contratación menor o de emergencia y su justificación; con determinación de fechas en que tales normas estuvieran aplicables respecto de los ejercicios 2020 y 2021».
También le pide al Servicio Jurídico del SAS la «identificación de personal técnico destinado a tramitar los expedientes, emitir informes sobre tramitación o controlar su regularidad administrativa, tanto previa, como posterior a su tramitación, o con capacidad de decisión sobre los mismos, bien a nivel de propuesta de resolución, bien para toma de decisión por sí mismos. De existir, criterios para selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de licitadores».
Concluye el magistrado en su auto que, «a la vista de lo que se informe por el Ministerio Fiscal sobre tramitaciones conjuntas en esta misma causa y de las resultas de las indagaciones que se realicen con carácter previo de conformidad con lo establecido en la presente resolución, se acordará lo procedente para la posible formación de piezas separadas que faciliten su trámite«.
Finalmente, determina que se notifique «la presente resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, instruyéndoles de que contra la misma caben recursos de reforma y apelación, debiendo interponerse el primero ante este juzgado en el improrrogable término de tres días, y el segundo, que podrá serlo también subsidiariamente en las condiciones anteriormente descritas, igualmente ante este juzgado, en el improrrogable término de cinco días».