Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que niega la ciudadanía a hijos de ciertos inmigrantes, genera debate sobre sus consecuencias económicas, sociales y demográficas a largo plazo para Estados Unidos.
El 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que niega la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y a hijos de residentes legales temporales, como estudiantes o trabajadores extranjeros. La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la medida el 1° de abril y se espera su fallo para junio.
Según análisis de centros de estudio, esta política podría tener diversas consecuencias. Un estudio del Center for Migration and Development de la Princeton University proyecta que, en un horizonte de 100 años, los ciudadanos nacidos bajo las reglas actuales aportarían al menos 7.7 billones de dólares al PIB. Restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento implicaría, según el estudio, que Estados Unidos dejaría de percibir más de 1 billón de dólares en las próximas dos décadas y perdería alrededor de 400,000 trabajadores altamente calificados.
En el ámbito social, expertos señalan que la medida podría crear una subclase de personas nacidas en el país pero sin estatus legal, lo que afectaría su acceso a educación pública, beneficios gubernamentales y oportunidades laborales legales en el futuro. El Migration Policy Institute estima que la población indocumentada podría aumentar en millones de personas en las próximas décadas si se deroga la interpretación actual de la ciudadanía por nacimiento.
Paralelamente, siete estados están considerando legislación que prohibiría a niños indocumentados asistir a escuelas públicas, lo que desafiaría un fallo de la Corte Suprema de 1982.
Analistas también mencionan que la política podría afectar la capacidad de Estados Unidos para atraer talento global, en un contexto donde otros países compiten por profesionales calificados. La ciudadanía por nacimiento es vista por muchos inmigrantes como un factor de estabilidad y seguridad para sus familias.
El debate continúa en el ámbito judicial y político, a la espera del fallo de la Corte Suprema y del desarrollo de las legislaciones estatales.