El organismo provincial se opuso al proyecto de ley que agrava sanciones por falsa denuncia en causas de violencia de género, y advirtió sobre posibles efectos negativos en el acceso a la justicia.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba manifestó su rechazo al proyecto de ley S-0228/2025, que propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en causas vinculadas a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.
Desde la institución señalaron que las conductas contempladas en la iniciativa ya están tipificadas en la legislación vigente, y advirtieron que el proyecto se apoya en una “confusión conceptual” al equiparar la falta de condena con la existencia de una denuncia falsa.
El Área de Género de la Defensoría sostuvo que no hay evidencia de que las falsas denuncias representen un problema significativo, mientras que sí persisten obstáculos estructurales para que las víctimas accedan a la justicia. Además, alertaron que un agravamiento de las penas podría generar un efecto disuasorio, desalentando tanto a quienes evalúan denunciar como a testigos y profesionales intervinientes, lo que —según indicaron— profundizaría las desigualdades en el acceso al sistema judicial.
“Vemos una clara intencionalidad en este proyecto de confundir qué es una denuncia falsa. La respuesta nunca puede ser poner más barreras para el acceso a la justicia, sino mejorar el funcionamiento del sistema. En este contexto, no podemos acompañar proyectos que generen más miedo y más obstáculos para denunciar. La salida es fortalecer la protección y mejorar la justicia, no retroceder en derechos. Esperamos que los legisladores nacionales no acompañen este proyecto”, expresó el defensor del pueblo adjunto, Carlos Galoppo.
Asimismo, la Defensoría informó su adhesión al pronunciamiento de la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Género de Córdoba, que también rechazó la propuesta por considerarla regresiva y contraria a estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, el organismo llamó a legisladores nacionales por Córdoba a no acompañar el proyecto y a avanzar en políticas que fortalezcan la prevención, protección y respuesta integral frente a estas violencias.