La diputada nacional Marcela Pagano pidió la prisión preventiva del vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentando que hubo intentos de obstaculizar la investigación en su contra.
La situación judicial de Manuel Adorni, vocero presidencial, suma un nuevo capítulo. La diputada nacional Marcela Pagano, una de las denunciantes del funcionario, solicitó formalmente su detención basándose en la doctrina Irurzun, un criterio jurisprudencial que establece la prisión preventiva para funcionarios que puedan entorpecer una investigación.
El pedido se produce en el marco de una causa por asociación ilícita, en la que se investigan los gastos y el origen de los fondos utilizados por Adorni desde que asumió el cargo. Entre los puntos más controvertidos se encuentran múltiples viajes, la adquisición de inmuebles y remodelaciones en su vivienda.
Esta semana, la declaración del contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos en la casa del Jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, aportó nuevos elementos. Tabar afirmó ante la Justicia que recibió pagos por 245.000 dólares en efectivo.
Pagano sostiene que, tras esa declaración, hubo “aprietes” hacia Tabar a través de WhatsApp y que se le ofrecieron beneficios a cambio de modificar su testimonio. Para la legisladora, esto constituye “un claro entorpecimiento de la investigación”, por lo que considera aplicable la doctrina Irurzun, que permite la prisión preventiva para evitar la obstrucción de la causa.