La ciudad de Córdoba abrió el debate para reformar el Código de Convivencia Municipal, a partir de un dato alarmante: más de la mitad de las normas sancionatorias que lo integran tienen una aplicación prácticamente nula.
Así lo reveló un informe técnico elaborado por la Justicia Administrativa de Faltas, que servirá como punto de partida para el proceso de revisión impulsado por el intendente Daniel Passerini.
La norma, sancionada en 2016, contiene 289 artículos, de los cuales 225 están destinados a establecer sanciones por infracciones cometidas dentro de la ciudad.
Sin embargo, en los últimos 10 años, solo 94 de esos artículos –menos del 42%– superaron las 100 actas labradas. Los 131 restantes muestran niveles de aplicación que van de lo casi anecdótico a directamente inexistente.
Según el desglose oficial, 47 artículos tuvieron entre 101 y 1.000 actas labradas; otros 47 superaron las 1.000, y suman en conjunto el 41,8% del total. En este grupo están las infracciones de tránsito, con el estacionamiento indebido como líder absoluta. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, se sumaron también las faltas ambientales.
En el otro extremo, hay 42 artículos con entre 11 y 100 actas en una década, lo que equivale a menos de una por mes. A eso se suman 48 artículos con hasta 10 actas labradas –menos de una por año– y 41 que nunca fueron utilizados. Estos dos últimos grupos, que representan un 39,5% y un 18,2%, configuran el núcleo más problemático del código.
En total, el 58% de las normas sancionatorias tienen escasa o nula aplicación.
“Es como si tuviéramos un manual de convivencia con más de la mitad de sus reglas invisibles para la práctica diaria”, graficó Juan Manuel Aráoz, administrador de la Justicia de Faltas, en diálogo con La Voz.
El intendente Daniel Passerini decidió no ignorar esta evidencia. Por el contrario, resolvió abrir un debate público para rediseñar el Código, con participación del Concejo Deliberante, los vecinos y especialistas.
La primera medida concreta fue encomendar la presentación del informe al Concejo, donde será tomado como insumo inicial para iniciar el proceso de reforma.
La baja aplicación de buena parte del Código se explica por múltiples factores. Uno de ellos es la dificultad operativa para identificar infractores.
Es el caso de las sanciones dirigidas a peatones, como arrojar colillas de cigarrillo o no levantar los excrementos de mascotas. “La Municipalidad no tiene potestad legal para pedir documentos a un peatón, y sin eso no hay acta posible”, explicó Aráoz.
Otras normas quedaron desactualizadas por el paso del tiempo. Algunos ejemplos son las que regulan cibercafés no registrados o la obligación de vender preservativos “de marca” en bares y boliches.
Según el diagnóstico oficial, son reglas que respondían a problemas de otra época y que hoy perdieron sentido frente a los nuevos usos sociales y tecnológicos.
También hay artículos que se solapan entre sí, generando redundancias. “Tirar una colilla puede entrar en la infracción general de arrojar residuos, entonces no tiene sentido mantener ambas”, sostuvo el administrador de Faltas. Esa superposición no solo entorpece la tarea de fiscalización, sino que debilita el efecto pedagógico de la norma.
Ante este panorama, el objetivo de la reforma es simplificar el Código, hacerlo más comprensible, más aplicable y más legítimo. “Queremos un código con menos artículos, pero con reglas claras, que todos conozcamos y respetemos”, aseguró Aráoz. En esa línea, se buscará que la nueva norma tenga mayor respaldo social y más eficacia operativa.
Uno de los puntos que ya genera debate es la posibilidad de restituir la figura del arresto para conductas particularmente graves. La versión vigente del Código eliminó esa pena en 2016, pero ahora se propone volver a incluirla como alternativa en casos extremos, como la conducción en estado de ebriedad o la reiteración de faltas ambientales.
La Constitución de la Provincia de Córdoba permite a los municipios aplicar penas de arresto de hasta 15 días para faltas administrativas.
Esa potestad fue abandonada en la reforma de hace casi una década, pero ahora podría ser retomada, con respaldo ciudadano. “No se trata de criminalizar al vecino, sino de tener una herramienta real de disuasión para las conductas más dañinas para la convivencia”, aclaró Aráoz.
El Código municipal forma parte del primer anillo normativo que regula la vida cotidiana de los cordobeses. Más allá del Código Penal y del Código de Convivencia provincial, esta norma representa el conjunto de reglas más cercanas al vecino.
Por eso, la apuesta del municipio es que funcione como un dique de contención. “Si logramos orden en esta esfera, evitamos que muchos casos escalen a instancias mayores”, insistió Aráoz.
La reforma también apunta a potenciar el carácter preventivo de la norma. En lugar de castigar siempre, se busca generar mecanismos que induzcan a la corrección voluntaria.
Un ejemplo exitoso es el régimen de intimación por baldíos con basura o malezas. El 85% de los vecinos notificados repara la situación dentro del plazo establecido y no reincide.
Otro eje será la digitalización total del sistema. Desde 2020, la Justicia de Faltas opera de manera completamente digital, lo que permite notificaciones electrónicas, descargos online y resolución remota de causas.
El 90% de los infractores que tienen contacto con el municipio están registrados en Ciudadano Digital, lo que facilita las comunicaciones y agiliza los procedimientos.
Ahora se pretende que todas las áreas municipales (como Tránsito y Ambiente) labren actas con tablets, para su ingreso inmediato al sistema, sin papeles de por medio. También se potenciará el uso de cámaras como prueba remota para sancionar infracciones detectadas a distancia, algo que ya fue validado por el marco legal vigente.
Para evitar que el debate esté condicionado desde el inicio, el intendente pidió no presentar un proyecto cerrado. En cambio, se generará un proceso participativo que incluirá audiencias públicas en todos los CPC, consultas a colegios profesionales y reuniones con cámaras empresariales.
“Necesitamos escuchar a todos: vecinos, expertos, actores institucionales. La norma debe ser producto del consenso”, afirmó Aráoz.
Uno de los temas que se pondrá bajo análisis es la regulación del uso del celular al volante. La norma vigente prohíbe su uso mientras se conduce, pero fue pensada en una época en la que el celular era solo un teléfono.
Hoy, con el desarrollo de Android Auto y otras tecnologías, se analiza la posibilidad de permitir su uso en determinadas circunstancias, como cuando el vehículo está detenido.
El modelo que se estudia es el del estado de Florida, en Estados Unidos, donde se permite su utilización en emergencias o estando detenido, con el objetivo de evitar prohibiciones impracticables que nadie cumple.
Con el inicio de este proceso, Córdoba se convierte en una de las primeras ciudades argentinas en revisar a fondo su Código de Faltas desde una perspectiva de efectividad real. No se trata de endurecer por endurecer, sino de contar con normas que puedan aplicarse y que generen una mejor convivencia.
La reforma aún no tiene plazos definidos. Lo que sí está claro es que el municipio busca construir una norma más simple, más moderna y más eficaz, capaz de ordenar lo cotidiano y de prevenir conflictos mayores.
En palabras de Aráoz: “La convivencia no se impone con castigos, se construye con reglas sensatas que todos podamos cumplir”.