miércoles, 8 octubre, 2025
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Uber acumula 23 millones de euros en multas por emplear falsos autónomos pero se está librando de pagar la mayoría

«Uber no nos va a tomar el pelo», fue la promesa que lanzó este pasado jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la presentación del nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo. La líder de Sumar avanzó una ofensiva de los agentes de la autoridad laboral sobre las flotas de la aplicación de comida a domicilio para verificar si sus repartidores operan o no como falsos autónomos.

Una ofensiva en la que podrá volcar ahora más efectivos de la Inspección, pero que no parte de cero. Y es que la policía laboral lleva fiscalizando las flotas de Uber desde hace tiempo e imponiendo millonarias sanciones a la multinacional, si bien la corporación, por el momento, se está librando de pagarlas.

Uber es la segunda compañía más importante del sector del ‘delivery’ en España. Glovo es la primera, con una cuota del mercado español del 53,8%, frente al 14,5% de Just Eat y un 28,5% de Uber Eats, según la información aportada en un reciente juicio entre las dos primeras compañías.

23,2 millones en actas

Según datos recopilados por EL PERIÓDICO en base a las actas de Inspección recurridas por Uber en los tribunales, la corporación ha sido sancionada con al menos 23,2 millones de euros, entre cuotas impagadas a la Seguridad Social e infracciones.

No obstante, el criterio que hasta la fecha se ha impuesto en la Audiencia Nacional, hasta donde han llegado una parte importante de esas actas impugnadas por Uber, es que la compañía sí emplea a falsos autónomos, al menos hasta antes de la entrada en vigor de la ‘ley Rider’, pero que no debe ser multada por ello.

Un criterio que rebaja sustancialmente la factura a la multinacional, ya que de esos al menos 23,2 millones de euros mencionados en distintas actas recogidas en decenas de sentencias examinadas por este medio, 19,75 millones son fruto de sanciones y el resto en cotizaciones a deber. Es decir, de los 23,2 millones de euros impuestos en actas levantadas en Valencia, Sevilla, Albacete, Tenerife o Sevilla, entre otros, de momento Uber solo tendrá que abonar 3,46 millones.

Sin ‘dolo’

¿Por qué los tribunales están reconociendo que los riders de Uber eran falsos autónomos pero le está eximiendo de las sanciones? «La infracción apreciada por falta de cotización toma como punto de partida una cuestión jurídicamente controvertida en aquel momento», argumentan los magistrados de la Audiencia Nacional, lo que elimina la «culpa» o el dolo buscado. Es decir, los inspectores, a criterio judicial, actuaron con excesiva contundencia y precipitación al sancionar a Uber.

Lo que no invalida que, si la policía laboral llega a las mismas conclusiones durante esa nueva ofensiva anunciada por Díaz, ahora sí puedan sancionar con importes millonarios esas mismas prácticas. Pues en la recurrencia, elemento clave en las investigaciones contra Glovo, sí pueden justificar ese dolo.

De la sanción que no se ha librado Uber es por obstruir a la Inspección en sus actuaciones en Burgos, donde no proporcionó información sobre las horas que realizaban sus repartidores, según recoge una de las sentencias analizadas por este medio.

Sector en movimiento

Los ritmos de la Inspección son lentos y la cantidad de información a analizar enorme, tal como ha quedado evidenciado en las actuaciones contra Glovo. Hasta enero de 2024, tal como avanzó EL PERIÓDICO, no trascendió la primera sanción por vulnerar la ‘ley Rider’. Una ley que entró en vigor en agosto de 2021. Si unos plazos similares se imponen en las actuaciones a Uber, pueden tardar meses, sino años, en ratificarse las primeras sanciones por infracción sobre la compañía de las mochilas verdes.

Actualmente, Uber opera con flotas mixtas, en las que participan una parte de repartidores asalariados, contratados por empresas asociadas a Uber, y ‘riders’ autónomos, con “plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen”, según defienden desde la compañía.

Un modelo, debido a esta segunda pata, que «presuntamente se encuentra al margen de la ley», en palabras de la vicepresidenta segunda. Y «en España las leyes se cumplen«, según enfatizó el pasado jueves.

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