La provincia de La Pampa presentó un amparo contra la ley 27.804, que flexibiliza la protección de glaciares, mientras continúa el litigio con Mendoza por el caudal del río Atuel. El juez federal rechazó la medida cautelar solicitada.
La provincia de La Pampa atraviesa una problemática hídrica que se intensificó desde mediados del siglo XX. El río Atuel dejó de ingresar de forma permanente al territorio provincial debido al uso intensivo del agua en Mendoza, que destinó el recurso a emprendimientos frutícolas, vitivinícolas y a la generación de energía hidroeléctrica mediante la represa Los Nihuiles, inaugurada en 1947. Según datos oficiales, la cuenca se secó, lo que provocó la pérdida de actividades ganaderas y una despoblación significativa en la región.
En 1976, La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El 16 de julio de 2020, el tribunal fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial para recomponer el ecosistema del río Atuel y ordenó a las provincias y al Estado nacional determinar las obras de infraestructura necesarias. En 2024, La Pampa denunció al gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el presunto incumplimiento de la sentencia.
El 9 de abril de 2026 se sancionó la ley 27.804, que reformó la Ley Nacional 26.639 de Preservación de Glaciares. La nueva norma redujo el alcance de las áreas protegidas, flexibilizó el régimen de actividades prohibidas y debilitó los mecanismos de control ambiental. Además, estableció que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciales.
La Pampa, que no posee glaciares en su territorio pero depende de cuencas que nacen en Mendoza y San Juan, interpuso un amparo ante el juez federal Juan José Baric solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la reforma y una medida cautelar urgente. El juez inscribió el planteo en el Registro de Procesos Colectivos, acumulando todos los recursos contra la ley 27.804 presentados en el país, y rechazó la cautelar al considerar que ningún juez puede hacer caer la vigencia de una norma con alcance general. La decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El autor de la columna sugiere que La Pampa podría presentar un amparo preventivo ante la CSJN contra Mendoza y San Juan para impedir explotaciones mineras en glaciares sin participación provincial, y activar un procedimiento especial ante la ONU vinculado al derecho humano al agua.