Abogados y estudiantes de distintas provincias siguieron a distancia las disertaciones de los especialistas Andrés Gil Domínguez y Ricardo Muñoz sobre ‘Constitucionalismo Digital e Inteligencia Artificial’ en el ciclo anual de conferencias gratuitas de la Escuela de Abogados del Estado (EAE).
La Escuela de Abogados del Estado (EAE) continuó este miércoles su ciclo anual de conferencias gratuitas con la problemática “Constitucionalismo Digital e Inteligencia Artificial”. La presentación de los expositores estuvo a cargo de la directora de la EAE, Mariana Boschetto, quien planteó la necesidad de evaluar el impacto que la Inteligencia Artificial (IA) está teniendo en la administración pública y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.
Andrés Gil Domínguez sostuvo que la IA obliga a repensar el derecho desde sus bases, porque muchas categorías jurídicas vigentes fueron diseñadas para un mundo analógico y resultan insuficientes frente a entornos digitales, algoritmos y deepfakes. Afirmó que la IA impacta en la forma en que se protegen derechos, se organizan las competencias profesionales y se preserva la integridad de la vida democrática. Señaló que pensar el derecho en términos exclusivamente analógicos deja respuestas insuficientes frente a la velocidad y escala de la tecnología, y que el derecho debe funcionar como un legitimador de herramientas tecnológicas que protejan derechos. Mencionó como precauciones indispensables filtros, mecanismos de verificación y reglas específicas para distinguir contenidos auténticos de contenidos manipulados, especialmente en contextos electorales.
Ricardo Muñoz, fiscal de Río Cuarto y docente vinculado a nuevas tecnologías y Derecho, consideró que la IA está transformando el derecho porque acelera tareas, amplía capacidades de análisis y obliga a repensar garantías básicas como la transparencia, la igualdad y la protección de datos. Señaló que la IA no reemplaza al derecho, sino que se convierte en una herramienta que debe ser gobernada jurídicamente para evitar abusos y preservar derechos. Se interesó especialmente en el impacto de la IA en la administración pública, particularmente en decisiones administrativas automatizadas, y enumeró las recientes normativas vinculadas al gobierno digital y las características del gobierno electrónico y gobierno inteligente.
Los dos especialistas coincidieron en que el debate en torno a la IA en el derecho gira en torno a varias tensiones: la protección de datos personales y la privacidad, la no discriminación (ya que un algoritmo puede consolidar desigualdades si fue entrenado con datos sesgados o incompletos) y la necesidad de preservar la tutela efectiva y el derecho a impugnar actos automatizados, especialmente cuando una decisión administrativa o judicial depende de sistemas que no explican con claridad sus criterios.