En cada ciclo electoral, los candidatos prometen «gobernar para todos». Sin embargo, las personas con discapacidad siguen enfrentando exclusión social, pobreza y falta de políticas efectivas. Un análisis de la situación en Córdoba y el país.
En años de elecciones –nacionales, provinciales, municipales o en diversas instituciones de la sociedad civil– los candidatos a presidente, diputado, senador, gobernador, intendente o concejal pronunciaron discursos que prometían «gobernar para todos», «un país para todos los argentinos», «una ciudad para todos los vecinos» o «una provincia para todos». Es correcto suponer que esa expresión «todos» realmente supone incluir a todos.
Sin embargo, cuando se pronuncia la palabra «todos», esta incluye a las personas con discapacidad física, sensorial y mental. Históricamente, las personas con discapacidad han sido abandonadas, segregadas o ignoradas. En caso de ser miradas, frecuentemente lo son desde la lástima y la beneficencia.
Si bien existen marcos conceptuales como los de la Organización Mundial de la Salud y legislación nacional o provincial, las actividades suelen ser de corte asistencialista, agravadas por un Estado que desatiende las necesidades de todos sus ciudadanos. En el caso particular de las personas con discapacidad empobrecidas o estructuralmente pobres, y de sus grupos familiares, se asiste a un doble abandono: excluidas por pobres y excluidas por discapacitadas.
La pobreza actúa como un elemento potenciador de la discriminación y la segregación. Así, existe un doble desafío para dotar de sentido a la palabra «todos»: superar las condiciones de pobreza de la mayoría de la población y contemplar las necesidades de las personas con discapacidad, generando condiciones básicas de atención y contención. Se trata de hacerlas visibles y de sacarlas de los «depósitos» domiciliarios o institucionales, para que la perspectiva de los derechos humanos las alcance.
Esto no es posible sin afrontar un tercer desafío: promover el cambio cultural que significa pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con capacidad de influir en su propia calidad de vida y de participar en las decisiones sobre políticas que las involucran. De esta forma, pueden aportar a la cultura de una sociedad, enriqueciéndola con inclusión, tolerancia y respeto por la diversidad.
Desde una perspectiva biológica hasta una sociocultural, existe consenso en que la diversidad es sinónimo de riqueza. Una comunidad abierta a la diferencia debe entender que la discapacidad es lo diferente, que aporta desde ese lugar diverso y enriquece el «todos» tan vapuleado.
Incluso, se podría sostener que todos somos discapacitados: algunos por sus minusvalías físicas, sensoriales o psicológicas; otros, la mayoría, por la dificultad para aceptar e integrar a aquellos sin percibir sus necesidades afectivas, educacionales o laborales.
No siempre la contención es posible solo en el ámbito familiar. En muchos casos, la asistencia profesional en instituciones especializadas es imprescindible. Sin embargo, estas no implican necesariamente la idea de institución-depósito. Por el contrario, pueden y deben actuar como ámbitos de contención y promoción de un modelo de rehabilitación basado en la comunidad, fortaleciendo las redes que las personas con discapacidad –y todos– necesitan para forjarse como sujetos de derecho en un proceso de construcción creciente de ciudadanía.