El gobernador dispuso un aporte de 450 millones de pesos para sostener a las entidades, que enfrentan una crisis financiera agravada por la falta de pagos de programas nacionales.
Córdoba. El gobernador Martín Llaryora dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, las cuales atraviesan severos problemas financieros en el marco de la emergencia del sector, agravada por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Llaryora, junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió este miércoles en el Centro Cívico a instituciones de la ciudad Capital y del interior. Durante la reunión, las entidades expusieron su situación, tras lo cual el mandatario dio instrucciones para agilizar la asistencia económica destinada a mantener las prestaciones.
Después del encuentro, el gobernador indicó que, frente a la crisis, la Provincia fortalecerá la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad. «Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó.
Subrayó que la grave situación del sector obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de los pagos nacionales comprometidos, incluyendo la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI. En este sentido, instó a que se normalice el financiamiento nacional: «Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios».
El gobernador remarcó la «necesidad urgente» de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad y agregó: «A través de la solidaridad de todos los cordobeses, estamos agilizando este fondo para llevarles un tiempo de tranquilidad, pero las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente».
Por su parte, Liliana Montero señaló: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos». «Por lo tanto, vamos a activar este auxilio financiero y reactivar un complemento para la alimentación, algo que ya implementamos el año pasado, destinado a aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada», continuó.
Los representantes del sector dieron cuenta del complejo momento que atraviesan y que, pese a la sanción de la Ley de Emergencia por parte del Congreso, la situación se ha visto agravada por la morosidad de los programas nacionales. Algunas de las instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI o del programa de cobertura social Incluir Salud.
Todas las entidades participantes vienen recibiendo el acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.