Una investigación judicial en Italia revela una trama de explotación y trata de personas vinculada a una agencia de lujo que ofrecía servicios sexuales a clientes de alto perfil, entre ellos futbolistas de la Serie A. La justicia investiga a los responsables y ha embargado bienes por más de 1,2 millones de euros.
El fútbol italiano está en el centro de una polémica tras conocerse una investigación judicial que involucra a una red de prostitución VIP. La agencia MADE Luxury Concierge (también conocida como Ma.De Milano) se presentaba como un servicio de hospitalidad exclusivo, pero según la justicia operaba una red de servicios sexuales para clientes de alto perfil.
Los principales acusados son Emanuele Buttini y su socia Deborah Ronchi, quienes enfrentan cargos por complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales. La jueza Chiara Valori ordenó su arresto domiciliario y el embargo de bienes por más de 1,2 millones de euros, debido a una gran diferencia entre sus ingresos declarados y sus ganancias reales.
La investigación ha salpicado a aproximadamente 70 futbolistas de la Serie A, cuyos nombres aparecen en dispositivos electrónicos de los sospechosos. Entre los mencionados figuran Samuele Ricci, Daniel Maldini, Victor Osimhen y Luca Pellegrini, aunque muchos nombres permanecen bajo reserva. También se mencionan pilotos de Fórmula 1, jugadores de hockey y fotos de Buttini con figuras como Usain Bolt y Wayne Rooney.
Las fiestas se organizaban en villas de lujo, yates y clubes exclusivos de Milán y Mykonos, e incluían el suministro de óxido nitroso (gas de la risa), una sustancia inhalable que no se detecta en controles antidopaje. La organización empleaba a más de cien mujeres, a quienes les retenían el 50% de sus ganancias y les cobraban alojamiento. La red operó incluso durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Es importante aclarar que ninguno de los jugadores está siendo investigado como imputado, ya que en Italia pagar por servicios sexuales con adultos no es delito. Sin embargo, la fiscalía evalúa citarlos como testigos para reconstruir el flujo de fondos ilícitos y confirmar su participación en los eventos organizados por la agencia.