El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la presentación de una iniciativa privada para construir una central nuclear en el complejo Atucha, en Zárate, provincia de Buenos Aires. El proyecto, presentado por Meitner Energy, prevé una inversión de USD 1.200 millones y la creación de 2.000 empleos directos.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la presentación de una iniciativa de inversión privada para construir una central nuclear en el complejo Atucha, ubicado en el partido bonaerense de Zárate. El proyecto pertenece a Meitner Energy —compañía controlada por el consorcio internacional Ansari Group, liderado por Hamid Ansari, y que posee al Invap como accionista con un 40 % de participación—. Por sus características técnicas y financieras, la propuesta calificaría dentro de las normativas de promoción económica en debate parlamentario.
La inversión estipulada alcanza los USD 1.200 millones y contempla una financiación provista enteramente por el ámbito privado, previéndose la creación de aproximadamente 2.000 puestos de empleo directos distribuidos entre las fases de ingeniería, construcción, puesta en marcha y operación. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mantuvieron reuniones de trabajo con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos, para analizar la viabilidad del reactor ACR-300, una unidad modular de Generación III+ con potencia estimada en 300 MWe. Los plazos de ejecución se estiman en cinco años, supeditados a los avales técnicos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Bajo las pautas del acuerdo, Nucleoeléctrica Argentina mantendrá el derecho de operación del complejo bajo pautas de mercado, percibiendo un canon superficiario.
La comunicación oficial coincide temporalmente con un escenario de conflicto gremial en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), motivado por la desvinculación de 61 agentes. El titular del organismo, Martín Porro, precisó que las bajas correspondieron a personal con contratos de plazo fijo de 2023 y no afectaron a cuadros técnico-científicos estratégicos. Representantes sindicales denunciaron un proceso de desarticulación institucional. Analistas y fuentes del área apuntaron que, más allá de las reestructuraciones operativas, el sector técnico estatal sufre un sostenido proceso de migración de profesionales calificados hacia el ámbito corporativo y exterior debido al desfasaje de las escalas salariales del organismo.